Análisis y jurisprudencia de las modificaciones introducidas por la ley 19.955, a la norma que protege los derechos de los consumidores

Abstract

Los avances tecnológicos que se han producido con el desarrollo de la industrialización y la diversificación del mercado, han transformado las formas de contratación y de adquisición de bienes y servicios de los consumidores y usuarios. Esta transformación ha generado un expansivo crecimiento económico, pero también ha producido efectos perjudiciales para los ciudadanos, que se reflejan en un desequilibrio jurídico y económico entre los sujetos que intervienen en estas relaciones comerciales, esto es, entre los proveedores y consumidores.

En efecto, en la variopinta cadena de producción y prestación de servicios que existe actualmente en la sociedad, podemos constatar una asimétrica relación respecto a la información de los productos que poseen los proveedores, en desmedro de los consumidores. Además, nuestro sistema político y económico está fundado en la libertad económica que utiliza los parámetros de la oferta y la demanda para regular el mercado, que es incapaz de corregir por si sólo los errores que crea y potencia. Para morigerar, los efectos y nocivas consecuencias que genera este desequilibrio en la sociedad, se establece un marco legal que fija derechos y garantías en beneficio de los consumidores y que son un referente normativo para el desarrollo de las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios.

Nuestra investigación se refiere a la actual legislación que existe sobre la protección de los derechos de los consumidores, porque esta materia es de gran contingencia e interés para toda la comunidad, y la trascendencia que tienen las leyes que regulan la protección de los consumidores, radica en que éstas son herramientas indispensables para el crecimiento económico de los países, sirven además, para ordenar el comercio, estableciendo reglas precisas, claras, transparentes y equilibradas y contribuyen a dar mayor credibilidad a los proveedores en el mercado, asegurando la calidad, seguridad, información y transparencia de los productos y servicios que están a disposición de los consumidores y lo que genera un mercado más competitivo. En consecuencia, el fin de la protección de los derechos de los consumidores, es el bien común y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.