Modelo chileno de tratados sobre inversión

Abstract

En mayo de 2004, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado de Chile al pago de casi 6 millones de dólares más intereses, por haber violado el estándar de trato justo y equitativo dispuesto en el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones (APPI) celebrado entre Chile y Malasia. Dicho tribunal sostuvo que Chile había frustrado las expectativas del inversionista al aprobar una inversión que luego no podría concretarse en conformidad a la regulación urbana interna. En mayo de 2008, otro tribunal CIADI condenó a Chile al pago de un poco más de 10 millones de dólares más intereses por haber incumplido, nuevamente, la obligación asumida en el APPI Chile-España de tratar a los inversionistas de forma justa y equitativa. Este último caso se relacionaba con la expropiación, llevada a cabo durante el régimen militar, de una empresa periodística que en esos años estaba a cargo de la circulación de un famoso diario de tendencia contraria a la dictadura (El Clarín). En este caso, el tribunal arbitral se declaró competente para conocer de dichos hechos, a pesar de que el APPI Chile-España había entrado en vigencia en el año 1994. Casi un año antes de esta última decisión, un tercer tribunal CIADI había decidido que no era competente para conocer de una disputa cuyos hechos centrales -la denegación de un permiso de pesca en aguas exteriores y posterior negativa a modificarlo- habían ocurrido antes de la entrada en vigencia del citado APPI Chile-España.

En estos tres casos, los tribunales arbitrales basaron su competencia en acuerdos sobre inversión. Estos acuerdos son tratados internacionales que establecen una serie de principios de promoción y protección para la inversión extranjera, imponen diversos estándares de trato que se traducen en obligaciones y deberes respecto de la inversión y del inversionista, y establecen mecanismos para la solución de conflictos entre Estados y entre Estados e inversionistas.