Las competencias del Gobierno Regional en la doctrina nacional y la jurisprudencia administrativa

Abstract

Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias.

En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación.

El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación.

Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos:

Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional.

Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente.

El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria.

Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional.

Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.