Incorporación de privados en la prestación de acciones de salud a la luz de la normativa de seguridad social en el marco de la reforma al sistema de salud

Abstract

A contar del 1 de julio de 2005 comenzó a regir la Ley 1966, también denominada AUGE, que establece un sistema de acceso universal con garantías explícitas en materia de salud, el cual contempla los mecanismos legales necesarios para establecer e implementar el "Régimen de Garantías en Salud" que, en síntesis, implica dotar al Ministerio de Salud de las atribuciones necesarias para definir un conjunto priorizado de enfermedades y condiciones de salud y las garantías explícitas que tendrán las prestaciones de salud asociadas a ellas.

La reforma al sistema de salud, importa un enorme desafío para el Estado, por el que garantiza a todos los usuarios tanto del sistema público como privado de salud, el acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera en esta materia.

En la práctica, es posible advertir que los recursos públicos son insuficientes para dar cobertura a las garantías establecidas por la ley, por tanto, se hace necesario buscar alternativas dentro de la propia legislación vigente, que permitan al Estado dar cumplimiento a las obligaciones que ha contraído con ocasión de la reforma al sistema de salud.

En razón de ello, la presente memoria de licenciatura, tiene por objeto determinar la factibilidad jurídica de la actuación de particulares en la prestación de acciones de salud dentro del sistema estatal, como uno de los posibles mecanismos que posibiliten el cumplimiento de los fines que el legislador ha tenido en mente al elaborar la reforma al sistema de salud, mediante la explotación de la capacidad hospitalaria pública actualmente existente, lo que importa un mayor aprovechamiento de los recursos fiscales y en definitiva una opción eficiente y menos onerosa de dar real y efectivo cumplimiento a las garantías establecidas en la ley.

A través del análisis de la normativa vigente en materia de seguridad social y las reformas introducidas a esta normativa a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1996, daremos por establecida la factibilidad jurídica de la incorporación de privados en la prestación de acciones de salud, algo que estaba reservado exclusivamente a los órganos estatales dependientes del Ministerio de Salud.