El principio de control administrativo en el contrato de concesión de obra pública

Abstract

El objeto de este trabajo es el análisis de las múltiples dimensiones del control como principio del Derecho Administrativo, aplicado al contrato de concesión de obras públicas. Se comienza con una somera exposición del control como principio aplicable a las organizaciones, desde el marco teórico de la gestión basada en la calidad. Luego se aplica esta idea al Estado, determinando sus fines a partir de la forma constitucional de gobierno, para, posteriormente, extraer de la Constitución principios rectores que guiarán la gestión del Estado y el ejercicio de las funciones de control. En tercer lugar, se categoriza el principio de control en el Estado, destacando la existencia de una clasificación básica según la materia sobre la que se ejerce control, compuesta de cuatro categorías: control de juridicidad, control democrático, control interno y control de gestión; correspondiendo dos de ellas a la caracterización jurídica del principio de control administrativo y dos a los elementos de la teoría de la gestión basada en la calidad. Posteriormente, se definen los mecanismos de asociación público-privada y se enuncian los procedimientos de contratación administrativa, junto con lo cual, aplicándoles los principios de control ya reseñados, se intenta definir la estructura marco del control del contrato de concesión de obras públicas y las actuaciones jurídico-administrativas previas al comienzo del contrato. El trabajo continúa con la enunciación de los actos de control que realiza el inspector fiscal como encargado de la imposición del principio de control en el contrato de concesión, así como de los controles a los que él está sujeto y de las normas jurídicas que rigen el ejercicio de sus potestades de control. Finalmente, se procede a argumentar en contra del modelo de control existente, centrando la crítica en la falta de superposición de controles sobre la labor del inspector fiscal, su poca independencia, y la debilidad de los mecanismos de control de gestión de la orgánica concesionadora en relación al Estado. En la argumentación se emplean casos índice, que muestran diversas fallas en el ejercicio de potestades contraloras por el Estado. El trabajo termina con el análisis de las propuestas de mejora del sistema y la confección de una propuesta propia, que combina una agencia reguladora independiente con un delegado del gobierno, que sucedería y superaría al actual inspector fiscal, y añade a eso reformas adicionales a la normativa vigente.