Conflicto Ralco: Imaginarios sociales, mecanismos de dominación y estrategias de poder

Abstract

Lo ambiental y lo indígena, son dos dimensiones de conflicto social y discusión pública que se han instalado en el Chile neoliberal para quedarse. Las razones son múltiples. Por un lado, transformaciones sociales, culturales y políticas ocurridas a nivel mundial durante los últimos cincuenta años han puesto en el primer plano una serie de movimientos sociales diversos, portadores de problemáticas sociales parciales –en contraposición a los partidos- y que coexisten en un espacio plural, y muchas veces atomizado, de contestación o crítica del orden social y la cultura. Por otra parte, en el Chile de la globalización neoliberal, se ha implantado desde hace un cuarto de siglo el llamado modelo de diversificación de exportaciones –la fórmula mágica para integrarse a dicha globalización- que implica y depende entre otras cosas de la explotación a gran escala de recursos naturales renovables y no renovables por industrias extractivas así como por la agroindustria exportadora. La expansión urbana y los megaproyectos energéticos y de infraestructura asociados a este modelo de industrialización tardía, terminan de dibujar un escenario de vertiginosas transformaciones geográficas, sociales, culturales y políticas de los espacios rurales que habían permanecido durante largo tiempo al margen de la llamada modernización. La única eventual piedra de tope que pudiera vislumbrarse para este proceso –además de un colapso ambiental- son justamente los movimientos sociales o ciudadanos que, por ahora desde sus ámbitos parciales, eventualmente se resisten a las transformaciones de los planificadores, por considerar que atentan contra la vida, los derechos humanos o los intereses fundamentales de quienes son sus miembros. Pero eso no es todo: estas transformaciones –destinadas a poner determinados recursos a disposición del mercado global- son consideradas por estos movimientos, sean “ambientalistas” o “indigenistas”, como profundamente injustas, pues conllevan la usurpación de los humildes, de los comunes, en manos poderes abusivos- y esto aún tratándose de bienes difusos, como es el caso de los patrimonios medioambientales y culturales. Así, de un tiempo a esta parte, cada vez que se reivindican derechos o patrimonios colectivos, ya sea desde el mundo indígena o desde algún frente medioambiental, se invoca este nuevo discurso común de radicalidad social, discurso que va encadenando luchas parciales que trascienden así el simple conflicto puntual de intereses y pasan a formar parte de movimientos sociales que se perfilan políticamente, con expresiones discursivas y orgánicas que apuntan, a través de problemáticas locales o parciales, a la institución global de la sociedad: al orden social injusto y la cultura alienada. El llamado conflicto Ralco pareció en su momento involucrar dos perspectivas o expresiones de este nuevo radicalismo social. Por primera vez “ambientalismo” e “indigenismo” articulados en un frente común contra intereses políticos y económicos de gran envergadura, se instalaron durante algunas semanas en el centro del debate público, suscitando la solidaridad y apoyo de amplios sectores de la sociedad. A pesar de ello, tres años después el embalse se inundó y ello bajo el manto de un aparente consenso social en torno a él. La pregunta que da inicio a nuestra indagación es entonces cómo los poderes que impulsaron la mega inversión –transnacional y Estado- lograron configurar en el tiempo un escenario de consenso, propicio a sus intereses, a partir de un disentimiento inicial fundamental y de fuerte carga política por parte de las comunidades indígenas afectadas y amplios sectores sociales. Según postulamos acá, este seudo consenso que de hecho constituye la base política para la ejecución del proyecto, se montó sobre un trasfondo de agresiones psico-sociales sistemáticamente ejercidas contra las agrupaciones indígenas locales que se resistían inicialmente al megaproyecto. En una etapa ulterior del conflicto, aquel grupo minoritario que -habiéndose sustraído de alguna manera a las agresiones psicológicas de la empresa- pretendió realizar su propia contraofensiva, fue cooptado por agencias mediadoras funcionales a las instancias de resolución de conflictos diseñadas desde el Estado. Claro está que la “guerra psicológica”, el chantaje y las manipulaciones más escabrosas son pan de cada día en todo tipo de conflictos económicos y políticos, pero en Ralco adquieren la gravedad de agresiones etnocidas, toda vez que apuntan a la desarticulación de una sociedad minoritaria, oprimida colonialmente al interior del Estado chileno. Pero cuando decimos que se cometió un etnocidio o genocidio cultural, es decir un crimen en contra de las comunidades Mapuche-Pewenche del Alto Biobío y en contra del pueblo Mapuche en general, necesariamente debemos apuntar a un criminal, un culpable. ¿Endesa, con complicidad del Estado? Pero estas entidades están formadas por personas ¿quiénes son entonces responsables y quiénes no? ¿Cuáles funcionarios, profesionales, agentes, actores políticos, activistas, incidieron realmente en los acontecimientos? ¿Existieron infiltrados o conspiraciones? ¿Son culpables aquellos que dejaron (o dejamos) hacer? Surge la pregunta por la propia responsabilidad. Surge la pregunta por la responsabilidad de todos y cada uno. Es necesario entonces aclarar que no es el propósito de este estudio establecer culpabilidades, no tenemos la prerrogativa, pero fue inevitable que el estudio tomara forma de denuncia. Nuestro principal esfuerzo se dirige aquí a elucidar, a través del conflicto Ralco, las dinámicas institucionales que hacen posible, en la era de la globalización neoliberal, la dominación de la sociedad estatal chilena sobre sociedades colonizadas al interior del Estado -los llamados pueblos indígenas- y esto con la esperanza de que un mejor conocimiento sobre éstas dinámicas permitirá en el futuro establecer oportunamente responsabilidades, partiendo por las propias, en nuevos episodios de agresión colonial y genocidio cultural. Así se ampliarían las posibilidades de que movimientos sociales más amplios puedan ejercer una defensa articulada de sus patrimonios y derechos colectivos, develando y combatiendo las injusticias que, en el nuevo milenio, han cambiado sus formas para persistir.