| Abstract | dc.description.abstract | El 10 de septiembre del año 2004 se promulgó la ley 19.970 que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal. El 6 de octubre de ese mismo año se publicó en el diario oficial, pero no fue sino hasta el 25 de noviembre de 2008 cuando finalmente entró en vigencia.
Esta ley crea los siguientes registros: de desaparecidos y sus familiares, de evidencias y antecedentes, de víctimas, de imputados y de condenados. El problema radica en que la ley solo establece las circunstancias en que se obtiene la huella genética: “con ocasión de una investigación criminal”, pero omite regular la finalidad de su determinación. La púnica referencia a este aspecto la encontramos en la historia de la ley donde se señala expresamente que “tendrá por objeto exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación criminal, particularmente en lo relativo a la identificación de las personas que fueren responsables de los mismos”, y que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines o instancias que no sean los propios de un proceso criminal” .
Esta exigencia finalmente no quedó expresamente consignada en el texto legal, lo cual nos lleva a preguntarnos si la omisión en el texto expreso del principio de finalidad torna en ilegítimo este tratamiento de datos, por atentar contra el derecho constitucional de protección a la vida privada en general, y en particular a la intimidad genética, o si simplemente es reflejo de una mala técnica legislativa pero que en nada afecta la licitud del tratamiento | es_CL |
