El derecho a desarrollar una actividad económica lícita

Abstract

No existe una noción o conceptualización positiva, ni doctrinaria ni jurisprudencial directa de lo que debe entenderse por este derecho fundamental. Pese a tal orfandad dogmático-positiva, debe destacarse el fenómeno jurídico de que en nuestra Constitución se encuentran claramente recogidas y estructuradas de manera concreta ciertas garantías e instrumentos jurídicos que protegen de manera robusta el ejercicio de este derecho fundamental. Esta omisión a nivel jurisprudencial, positiva y doctrinaria ha impedido a la fecha que exista tanto uniformidad respecto a qué debe entenderse por una actividad económica lícita, como asimismo la debida protección o tutela efectiva que debe entregársele al empresario - persona natural o jurídica, nacional o extranjera - que desee llevarla a cabo, principalmente debido a la injerencia que la administración ha tenido en este campo. Lo anterior ha generado una recurrente conculcación de este derecho por parte de la propia administración, ya sea directa o indirectamente, pese a que éste se encuentra claramente protegido por el Constituyente de 1980.