Movimiento social de Aysén : un caso de análisis de incidencia ciudadana en la agenda de políticas públicas

Abstract

En la actualidad, comprender la emergencia de manifestaciones sociales a escala territorial es una necesidad política y académica para la estabilidad social. El presente estudio de caso es un ejercicio orientado a obtener aprendizajes para el diseño de políticas públicas con enfoque territorial. Para ello se propuso estudiar la movilización social de Aysén y su impacto en la agenda pública. La región de Aysén presenta un crecimiento económico estable, no obstante es la cuarta región más desigual del país. Se comprueba que ajustando regionalmente la línea de la pobreza, acorde al costo de vida, ésta podría duplicarse en relación a la medición actual. Paradójicamente el Estado es el principal motor de desarrollo regional, donde la inversión pública per cápita es la más alta a nivel país. Cuestión que pone en tela de juicio la pertinencia de la agenda pública para Aysén y el surgimiento del conflicto social. El análisis de los acuerdos planteados en la mesa social de Aysén establece que un 76% de las iniciativas emanadas del movimiento no habían sido consideradas en el Plan de Gobierno 2010 2014. En suma, se acredita que el nivel de incidencia política pública fue bajo. La mayoría de las propuestas de gobierno pos conflicto social se enfocaron en cambios de orientación de instrumentos públicos. En menor grado se generaron modificaciones a los métodos de gestión pública y definitivamente no se lograron cambios en la cultura organizacional del Estado. La resistencia a cambios profundos por parte del Ejecutivo queda en evidencia tras la omisión de acciones que pretendían impactar en el nivel más alto de incidencia en agenda pública. El movimiento social de Aysén es reflejo de una nueva generación de movimientos territoriales que apelan a un mayor grado de inclusión en la toma de decisión política. En conclusión, la expresión política de los territorios sobrepaso la capacidad del gobierno central para responder a sus ansias de autonomía. Es por ello que es ineludible avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad territorial capaz de recoger, analizar y responder a los intereses de la sociedad civil en pos de una gestión pública desde los territorios.