Participación ciudadana, una propuesta de regulación en la institucionalidad medioambiental

Abstract

En 1994 la creación de la Ley de Bases de Medioambiente Nº 19.300, anunciaba una transformación en materia de institucionalidad para el país en esta área, ya que con dicha medida legislativa se buscaba no sólo proteger el medioambiente, sino también se buscaba fiscalizar técnicamente a los organismos vinculados. Esto trajo consigo la creación de la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA), la cual asumiría como función primordial, el diseño y programación de políticas públicas desde la regulación y protección de los recursos disponibles, actuando en forma articulada con distintos organismos estatales asociados. Luego en el Gobierno de la Presidenta Bachelet se consideraron tres medidas, que se estimó generarían una transformación en materia institucional. En primer lugar, durante el año 2007, se nombró a la Primera Ministra de Medio Ambiente, la cual asumió la misión de instaurar los cimientos para la creación del futuro Ministerio, siendo una misión que buscaría integrar a los distintos sectores de la sociedad, otorgándole una connotación transversal o transectorial a las labores de regulación y planificación ambiental. En segundo lugar, en enero de 2010 se promulga la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el cual asumió una responsabilidad política desde la gestión ambiental, desarrollando con esto el control, regulación y coordinación institucional. Trayendo como consecuencia la existencia de un organismo estatal que resuelve en forma autónoma y responsable las necesidades presentes en la población, considerando todos los ámbitos de la vida social. Como última iniciativa, se consideró la formación de la Superintendencia de Medioambiente, la cual finalmente entra en vigencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, en septiembre de 2010 de la mano con la implementación de los Tribunales Ambientales durante el 2012. A estos también se suma el Servicio de Evaluación Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Cada uno de estos organismos presentando un carácter más resolutivo frente a situaciones que se susciten en el país. Estas reformas han mostrado una mejora en la calidad de la gestión y han presentado una proyección en la coordinación con las distintas instancias sociales, puesto que tienen mayor injerencia al momento de tomar decisiones o dictar pautas respecto al curso de las acciones. Sin embargo, su efectividad o valoración hasta hoy es incierta, ya que se debe considerar que toda política pública bien implementada requiere de una inversión, en recursos financieros y humanos, a su vez necesita generar certezas en todas las esferas sociales y eso en gran medida se logra cuando existen voluntades políticas para llevarlas a cabo. Hoy en día el debate se levanta desde la institucionalidad vigente, acerca de lo efectivo que resulte generar estas nuevas figuras que potencien la gestión y establezcan un centro político-técnico que les permitan no sólo asumir responsabilidades, sino también llegar a la agenda actual para enfrentar con autoridad y autonomía las problemáticas propias de una sociedad que busca expandirse a partir de una sustentabilidad efectiva. Es importante tener claro que no sólo deben prevalecer mecanismos de solución desde el diálogo y la confrontación de ideas para llegar a consensos, sino que se debe dar la oportunidad desde una visión integral a nuevas estrategias que faciliten la entrada de soluciones que busquen el compromiso de los agentes locales y la pertinente articulación con instancias de gestión macro sociales. Esto último pensando en que como país debemos propender a procesos de equilibrio que articulen las fuerzas asociadas a lo técnico pero también a lo político, como también al dominio de poderes particulares versus poderes colectivos, con el fin de desarrollar una propuesta medioambiental que refleje objetivos de desarrollo transversales.