Solor. Observatorio del Salar de Atacama

Abstract

En el norte de Chile, y bajo un bioma de desierto, los humedales son quienes conservan la biodiversidad del territorio. Sin embargo, por el alto valor que posee el agua dentro de las actividades productivas, actualmente son presionados por una intensa minería, propiciándose el desarrollo de grandes proyectos mineros, construcciones de carreteras, emplazamiento de gasoductos y tendidos eléctricos, que demandan en forma temporal y permanente recursos hídricos para las obras de construcción y procesos de producción. En algunos humedales esto ha significado el colapso de los sistemas hidrobiológicos, como las lagunas Ojos de San Pedro y los ríos San Pedro de Inacaliri y Loa en la Región de Antofagasta. En otros se reconocen impactos de alta probabilidad de ocurrencia como es el caso de Lagunas Cotacotani, Salar de Surire y Salar de Coposa en la Región de Tarapacá, y los Salares de Ascotán, Atacama y Punta Negra en la Región de Antofagasta, los cuales se manifestarán en diferentes magnitudes dependiendo de las características de los proyectos y programas de mitigación asociados1. Sumado, a que debido al alto valor paisajístico que poseen los humedales altodinos, el interés turístico ha aumentado progresivamente, con una marcada concentración estacional en la época estival, coincidiendo con el período reproductivo de muchas de las especies silvestres que habitan los humedales, como los flamencos de alta sensibilidad a la presencia del ser humano. El conjunto de las actividades económicas indicadas, salvo excepciones, dejan pocos beneficios a las etnias aymara y atacameña, para quienes la economía gira fundamentalmente en torno a la agricultura y ganadería de subsistencia. Estas etnias, antaño practicantes de un sistema de aprovechamiento racional que permitía ocupar durante el año dos pisos ecológicos (permitiendo su recuperación al ser alternadas), han visto reducidas sus poblaciones debido a la fuerte migración a zonas urbanas y sometidas a una fuerte transculturización, manifestándose en desequilibrio sociales producto del subempleo y la oferta de una política liberal de mercado. Por otra parte, la existencia de una ley ambiental (1991) y del sistema de áreas protegidas que administra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), así como también el apoyo de la Convención de Ramsar (existen seis humedales protegidos pertenecientes a la zona de puna), han permitido otorgar protección legal a algunos humedales prioritarios, no obstante, la acción de campo es aún insuficiente, debido a que no garantiza el adecuado control de la actividad antrópica en el entorno inmediato de las zonas protegidas. Lo señalado nos sitúa en escenarios novedosos para la zona, marcado por un esquema de fuertes conflictos de intereses entre la conservación de los ecosistemas, desarrollo indígena y desarrollo productivo, que ha debido ser abordado en forma urgente, con pocos elementos de análisis y en un marco legal aún en desarrollo2 En este contexto, la consolidación de una red de áreas protegidas ha sido la solución para mantener muestras representativas de la diversidad biológica local, proponiendo medidas claras de mitigación, pero también, utilizando el turismo como medida de gestión, pues a través de la creación de infraestructura responsable es posible generar un resguardo ecológico-ambiental, a la vez de acercar y generar conciencia sobre el valor cultural que posee este tipo paisaje.