Educación y movilidad social: el caso de la familia Bustamante

Abstract

Los estudiantes secundarios, a través de sus movilizaciones, han instalado en la agenda pública la crisis por la que atraviesa el sistema educacional de nuestro país y la urgente necesidad de reformular su actual diseño, echando por tierra todas la reformas que han encabezado los gobiernos liderados por la Concertación. Desde el año 2006 que luchan en las calles para derogar la polémica Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, último día del régimen militar. La revolución pingüina, como fue denominada, sorprendió a la comunidad por su independencia política, su organización y la capacidad de sus líderes para exponer la frustración que les produce la desigualdad en la que se están educando. Se tomaron colegios, llamaron a paros, presionaron a las autoridades para que escucharan sus demandas. Lograron la adhesión de los diferentes estamentos sociales y la fuerza suficiente para poner en jaque el sistema educacional vigente y exigir cambios estructurales. Los mayores cuestionamientos que plantean se relacionan con la calidad de la educación que reciben, especialmente los estudiantes más pobres, quienes ven violentado su derecho a una formación de calidad y a un desarrollo integral, reflejando un serio problema de equidad, situación que se agrava con el proceso de selección que realizan ciertos establecimientos emblemáticos y mayoritariamente los particulares amparados por un ordenamiento administrativo desigual y segregatorio. En definitiva, la calidad de la educación que reciben actualmente los escolares está marcada por el nivel socioeconómico de las familias a las que pertenecen. La crisis en el sistema educativo se hace patente en los bajos niveles de logros que muestra la educación municipal en las mediciones de la prueba Simce y en la baja admisión de los egresados de sus liceos a las universidades tradicionales.