Videovigilancia en el espacio público el monitoreo de la ciudad como dispositivo del control poblacional

Abstract

La videovigilancia del espacio público es una práctica gubernamental consolidada en gran parte de las ciudades del mundo. Aun así, la justificación discursiva para el empleo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) no es universal. Por el contrario está fuertemente marcada por consideraciones locales y regionales, pese a la escala global del fenómeno. En Chile, como en gran parte de América Latina, el fundamento para el empleo de los CCTV descansa en la supuesta eficacia que tienen en la provisión de seguridad pública, ya sea desde la prevención del delito o la persecución de éste. Las agencias privadas y estatales vinculadas a la seguridad pública arguyen la aptitud de las cámaras de monitoreo para disminuir los índices de criminalidad e inseguridad pública. No obstante lo categórico de las sentencias sobre su eficacia, lo cierto es que no existen estudios que avalen dichas afirmaciones. Las investigaciones que han evaluado la aptitud de los CCTV en la provisión de seguridad pública concluyen que estos dispositivos resultan ineficaces o prestan una contribución nimia. Pese a que lo anterior debiera ser una alerta para los programas estatales que impulsan la instalación de estos dispositivos, la videovigilancia del espacio público se consolida y el afán de las autoridades políticas por expandir su uso no cesa. El debate público, en Chile y América Latina, se ha centrado en la supuesta eficacia de los CCTV para proveer seguridad pública. Esta reducción de la discusión ha impedido que se revise el uso de estos dispositivos desde otras perspectivas, sin cuestionar siquiera la posibilidad de que esta práctica gubernamental tenga efectos indeseados. En esta presentación se busca superar dicha visión parcelada de la videovigilancia gubernamental del espacio público, para ello integramos al análisis de esta práctica estatal las aportaciones de diversas disciplinas. Con lo anterior pretendemos acreditar que la videovigilancia es una práctica gubernamental compleja y que no puede ser reducida a la supuesta ‘lucha contra la delincuencia’.