Estado versus mujeres: rol de los órganos del estado en la protección de mujeres agredida

Abstract

La Organización de Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en el género que resulte en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privaciones arbitrarias de libertad, tanto en el ámbito público como en el privado” . Dicen que la procesión va por dentro. Muchas mujeres viven en silencio el dolor de ver avasallados sus derechos más básicos por hombres que han prometido quererlas y protegerlas. Históricamente en Chile la agresión a mujeres en el marco de las relaciones de pareja formó parte de aquello de lo que no se hablaba. El problema pasó buena parte del siglo veinte relegado a la esfera de la vida privada. Eso hasta que, paradójicamente, la opresión vivida por muchos compatriotas en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), destapó la olla. Fue entonces cuando cuajó la lucha que venían dando los movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales. Esos grupos le dieron a este tipo de violencia un lugar visible en la discusión pública. Pero la institucionalidad aún hacía oídos sordos. Fue en 1990 y con el advenimiento de la democracia, cuando el Estado tomó por primera vez el asunto en sus manos. En 1991 se creó una secretaría gubernamental, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), mientras que en 1994 y 2005 entraron en vigencia las dos primeras leyes, llamadas de “violencia intrafamiliar” (VIF). En 2000 y 2005 comenzaron a funcionar el Ministerio Público y los Tribunales de Familia, respectivamente, ambos con competencia en VIF. El surgimiento de nuevos protagonistas en la escena pública de protección a las mujeres desde el año 2000, entre ellos las fiscalías del Ministerio Público y los Tribunales de Familia, abrigó nuevas esperanzas de solución. Sin embargo, dichas expectativas chocaron en un comienzo con serios problemas de implementación y capacidad para atender las crecientes demandas de unas mujeres cada día más decididas a denunciar. La demanda de la ciudadanía desbordó cualquier pronóstico. El asesinato en 2007 de la joven Catherine Casas Cordero a manos de su pareja tuvo una amplia cobertura en la prensa nacional y fue el hecho que permitió visibilizar la precariedad del sistema estatal de protección a las mujeres y colocarla como uno de los principales temas de la agenda política. Se dotó, entre otras medidas, de más recursos y juezas a los tribunales de familia y algunas fiscalías crearon planes especiales contra la “violencia intrafamiliar”. Si bien desde entonces hubo una reacción y ciertas mejoras en la atención de la violencia de pareja, los principales órganos involucrados reconocen que aún falta mucho por hacer. En el Ministerio Público, por ejemplo, reconocen que la labor de las fiscalías en la protección de las mujeres no basta, sobretodo en lo referente a los nuevos tipos penales contemplados en la última ley de 2005. Pero no sólo existen problemas al interior de cada institución, sino entre ellas. A comienzos de 2009, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, denunció falta de apoyo por parte del Sernam. Enfatizó que el fenómeno de violencia intrafamiliar es absolutamente complejo y que sin duda no se agota en la respuesta penal, ya que exige la adopción de políticas públicas destinadas a abordar de manera integral este fenómeno. Su demanda fue clara: “nosotros tenemos que contar con una red pública que nos apoye” . Datos del Ministerio del Interior revelan que durante los primeros trimestres de 2007 y 2008 el incremento en la tasa de denuncias por violencia contra la mujer superó incluso al aumento de delitos caratulados como de mayor connotación social, como son el robo con violencia, el robo con intimidación o con fuerza, el hurto, las lesiones, el homicidio y la violación . Mientras las denuncias por VIF contra mujeres aumentaron un 17,5 por ciento, los delitos de “mayor connotación social” lo hicieron un 14,8. El propio Ministerio del Interior señala que otras estadísticas confirman esa tendencia. l propósito de este reportaje de investigación es describir los cambios en las instituciones públicas encargadas de proteger a aquellas mujeres agredidas por sus parejas. Dichos órganos del Estado son, según la ley chilena de Violencia Intrafamiliar, los primeros entes a los que una mujer debe recurrir cuando toman la decisión de salir de la situación de violencia de pareja.