Impuesto específico a la actividad minera : un análisis crítico actualizado

Abstract

El Impuesto Específico a la Minería, originalmente establecido por la Ley 20.026 del año 2005 y que se encuentra vigente e inserto en la Ley de la Renta en su artículo 64 bis, “Establece un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera obtenida por un explotador minero”1. El Mensaje Presidencial enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, que sometió a análisis la aplicación de un impuesto a la minería, planteó la necesidad de cobrar este impuesto fundamentando el derecho del estado para efectuar un cobro de esta naturaleza a quienes explotasen recursos minerales. Durante todo el análisis que se plantea en el mensaje enviado por el Ejecutivo, así como en los distintos informes emitidos por la Comisión de Minería y Energía y la Comisión de Hacienda, el foco del problema se centró en la explotación de recursos no renovables y la necesidad de establecer un impuesto sobre las rentas económicas obtenidas por el explotador minero; sobre el derecho del Estado en el cobro de los impuestos asociados a la minería, así como los argumentos en contra de la iniciativa versaron sobre el riesgo de afectar el crecimiento de la actividad económica de la mediana y pequeña minería, sobre el carácter expropiatorio del impuesto, demostrando la capacidad contributiva de la minería del cobre en Chile sin este impuesto