Derechos ciudadanos asediados por el control preventivo de identidad

Abstract

A poco más de un año de la entrada en vigencia del Control Preventivo de Identidad (CPI), recién aparecen luces sobre su efectividad. Aunque las policías ya entregaron las primeras cifras desde su implementación, eso no ha bastado para acallar las críticas de quienes piensan que esta nueva figura jurídico-procesal lesiona ciertas garantías constitucionales. Este trabajo investiga la evolución histórica de los controles policiales callejeros en Chile desde sus orígenes hasta hoy, en que el CPI se alza como el pináculo de la verificación universal y obligatoria, a la que todos los ciudadanos mayores de edad están sujetos en caso de ser requeridos por un policía. Pese a que esta figura no es completamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico -pues goza de la herencia de la detención por sospecha (1884) y el control de identidad (1998)-, sí tiene elementos que la hacen excepcional. Entre los más llamativos están su aleatoriedad y la redefinición que hace del espacio público. A partir de la entrada en vigencia del CPI, a mediados de 2016, los espacios públicos también están constituidos por lugares privados de uso público, como estadios, discotecas y centros comerciales. Esto no es menor, si se considera que con este cambio aumentaron considerablemente los lugares en que los chilenos pueden se objeto de este procedimiento. 4 En estos momentos, en cualquier mall del país, un policía puede acercarse a una persona y solicitarle su identificación. Esto, apoyado sólo en su criterio personal. Mientras que para algunos esta es una potestad necesaria para mantener el orden y prevenir delitos, para otros es una facultad que pone en riesgo los derechos de libertad, libre desplazamiento y privacidad, entre otros. A esto se suma que, como se verá, hay elementos históricos para probar que en la práctica, los controles callejeros nunca se han repartido equitativamente entre la población. La mayoría de las veces se han concentrado en los sectores más desposeídos, en aquellos calificados como “diferentes” y hasta en los adversarios políticos, lo que permite inferir que son una forma de institucionalizar la sospecha y estigmatizar a determinados grupos sociales.