Las legislaciones australiana y chilena en materia indígena : un enfoque para analizar las instituciones estatales en el marco de la protección de los derechos fundamentales

Abstract

Históricamente, los pueblos indígenas han sido un grupo minoritario desfavorecido social, cultural y económicamente, en parte por un sistema deficiente de protección de sus derechos fundamentales. Las políticas asimilacionistas de los Estados modernos priorizaron legitimar su soberanía y su cultura por sobre las de los originales habitantes, sin tener en consideración sus instituciones. De esta forma, se han producido graves perjuicios en los modos de vida de las comunidades y en el vínculo tradicional de éstas con su entorno. Se han privilegiado los proyectos de desarrollo y las actividades extractivistas de recursos naturales, afectando territorios indígenas. La “modernización legislativa” en leyes sectoriales durante la dictadura militar chilena es tan sólo una muestra más de la consolidación y legitimidad de un modelo neoliberal de desarrollo sustentable que busca fomentar y asegurar la inversión privada. Con el pasar de los años, el desarrollo de la doctrina de los derechos fundamentales ha sido el parámetro para limitar las instituciones que restringen los derechos colectivos de los pueblos originarios, amparados en los estándares reconocidos en diversos instrumentos internacionales por las naciones. A la luz de dichos estándares, lo que busca este trabajo es analizar la legislación actual chilena y sus instituciones en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de sus pueblos indígenas. Para esto, realizaré un estudio comparado de las instituciones nacionales con las de Australia, país angloparlante que vislumbra progresivamente vías participativas de confección de políticas públicas en materia indígena, en el marco de la visita del año pasado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación indígena al país oceánico. Siguiendo los estudios e informes de los anteriores Relatores Especiales se puede realizar un diagnóstico constructivo para la mejora en las instituciones de ambos países, con tal de asegurar la protección de los derechos de sus pueblos originarios.