Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

Abstract

Este libro es producto de una reflexión colectiva más que necesaria: luego del primer año de implementación de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, era pertinente detenerse a reflexionar sobre los logros alcanzados, pero también sobre los problemas enfrentados y los desafíos que quedan por delante. La Nueva Educación Pública es la política educacional de mayor magnitud y más compleja desde la transferencia de la educación estatal a los municipios en 1981, durante la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte. Precisamente por su dimensión y los desafíos que representa, era impensable hacer un diseño previo que anticipara con exactitud, por ejemplo, la reacción de los diversos actores que intervienen diariamente en su construcción. Por ello, la implementación innovadora y flexible, el ensayo y error, y la participación forman parte indisoluble de la ejecución de esta política. La desmunicipalización de la educación que comenzamos a ejecutar exitosamente en estos primeros 12 meses, no es una vuelta al pasado, a la época en la cual el Ministerio de Educación estaba a cargo de los colegios en el país; todo lo contrario, se trata de una reforma que modifica sustancialmente la estructura de la administración central del Estado en número de servicios públicos y en personas a su cargo, crea novísimas instituciones y, además, actualiza nuestra educación pública a estándares internacionales. El Sistema de Educación Pública nace con los objetivos generales de “mejorar la calidad de la educación pública, transformándola en el referente de la educación en Chile” y, en segundo lugar, para “asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes en las aulas y establecimientos educacionales de la educación pública, preparándolos para enfrentar los desafíos del siglo XXI”. Ambos objetivos son los desafíos centrales de esta reforma y será por las acciones que permitan su cumplimiento que la ley será juzgada en el futuro. La oportunidad que tenemos con el Sistema de Educación Pública y el acuerdo país alcanzado a su alrededor es enorme: al desmunicipalizar la educación pública, por primera vez podemos hacer una asociación virtuosa entre la gestión pedagógica y la administrativo-financiera, que en la educación municipal estaban disociadas; al no estar permitido contraer deudas, estamos construyendo un sistema saneado económicamente; tenemos la posibilidad de utilizar adecuadamente los recursos y subvenciones y destinar el aumento sostenido de la inversión en educación exclusivamente para el servicio educativo y a la mejora de su calidad. Partimos de lo más bajo posible: el Simce y otros indicadores muestran que las escuelas municipales están por debajo del promedio nacional. En la educación municipal es donde más establecimientos insuficientes existen. Además, la educación pública ha reducido dramáticamente su participación en el sistema educacional. Ese fue el resultado fallido del modelo que se diseñó e implementó en los últimos treinta años y eso es lo que el acuerdo país de la desmunicipalización quiere cambiar. Estamos convencidos de que este es el camino correcto para mejorar la calidad de la educación pública: actuar como sistema y no aisladamente por colegio; encarar la tarea no solo en el aula, sino definiendo las condiciones mínimas para el aprendizaje, respetar el acuerdo país alcanzado y actuar con la convicción de que es una política de Estado más allá de los avatares de la política cotidiana.