Relaciones sociales y profesionales de coordinadores municipales y directivos de escuelas públicas, en el marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial

Abstract

En Chile ante las brechas educacionales, tanto de acceso como de calidad, generadas por las transformaciones del sistema educativo durante la dictadura en la década de los 80, y que perduran en la actualidad (Bellei y Vanni, 2015), se han implementado una serie de políticas que buscan mitigar las diferencias de calidad existentes entre establecimientos particulares y municipalizados (Cox, 2012). En este contexto es posible destacar la Ley de Subvención Escolar Preferencial, promulgada en 2008, la cual busca mejorar la calidad educativa y los resultados académicos de aquellos establecimientos que atienden a educandos provenientes de sectores socioeconómicos vulnerables. Dichos estándares de mejoramiento de la eficacia escolar son medidos mediante el SIMCE (MINEDUC, 2008). La SEP por medio de la entrega de recursos económicos destinados a la mejora de aspectos administrativos, de infraestructura, elementos de apoyo para la enseñanza, entre otros ámbitos de las escuelas; permitiría la promoción de resultados académicos de los centros escolares en mediciones SIMCE (Corvalán, 2012). Sin embargo, una serie de investigaciones y sus resultados cuestiona la eficacia de esta política educativa