Las encrucijadas de la superación de la pobreza: Políticas públicas, desigualdad y los límites de la integración social

Abstract

Al abordar el fenómeno de la pobreza, su análisis y comprensión no pueden quedarse en el mero señalamiento de privaciones, carencias, ni en un ejercicio de contabilidad de pobres. Es fundamental resignificar estas carencias de manera relacional e histórica poniendo en el centro de la discusión la lucha por el control y acaparamiento de los recursos por ciertos grupos sociales que marginan a otros. Tradicionalmente, la pobreza no se entiende como un fenómeno relacional sino que se define de manera normativa respecto de estándares fijados por expertos. Los estudios sobre pobreza no están preocupados por analizar los patrones de distribución de los recursos existentes en una sociedad, ni los procesos de constitución de pautas de poder en que se sustentan, sino que, básicamente, están interesados en identificar aquellos grupos de población que no logran alcanzar un umbral de bienestar o desarrollo que se considera como un mínimo socialmente aceptable para llevar una vida digna. La desigualdad y la exclusión social bloquean el camino de la superación de la pobreza, en tanto fenómenos estructurales con efectos sistémicos que generan barreras sociales a la integración y a la movilidad social erosionando la ciudadanía social. Para salir de la pobreza no basta con políticas compensatorias de alivio que garanticen condiciones mínimas o paquetes básicos para satisfacer ciertas necesidades básicas. El Estado, desde el paradigma neoliberal hegemónico subsidiario, no vela por la población en general y se focaliza en los más pobres y vulnerables. Chile es sin lugar a dudas en la actualidad uno de los países con mejores indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, registrando una de las menores tasas de pobreza de la región. Sin embargo, continúa siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, en el que subsiste una notable segmentación social, grandes inequidades en el acceso y en la calidad de la educación y la salud y una relativamente baja movilidad social. Las nuevas políticas de protección social impulsadas en Chile a partir del comienzo del siglo XXI, en tanto nueva generación de políticas sociales y programas, han brindado servicios básicos y apoyo a grupos de población históricamente excluidos. Sus promotores intentan demostrar como su operación ha permitido desarrollar programas con alto nivel de eficiencia en términos de focalización del gasto social e identificación de usuarios. En efecto, las transferencias monetarias y los subsidios que por medio de estos programas reciben estos hogares contribuyen a aliviar sus agudas condiciones de privación social. No obstante, no es posible suponer que ello conduce necesariamente a superar sus condiciones de vulnerabilidad estructural y, consecuentemente, a la reducción de su pobreza en el corto y mediano plazo. Esta investigación pretende analizar los efectos del programa Familia, Seguridades y Oportunidades, más conocido como Ingreso Ético Familiar, en sus usuarios, para determinar en qué medida este programa, vigente desde el año 2013, propicia o no procesos sostenidos de superación de la pobreza. El análisis demuestra que existen múltiples obstáculos y limitaciones para cumplir ese objetivo. Los distintos componentes del programa contribuyen a aliviar ciertas condiciones, se aprecian ciertos logros pero no se garantiza la superación de la vulnerabilidad estructural de los hogares pobres. El proceso de mejora en la situación de pobreza de estos hogares es de alcance limitado, la reducción del grado de vulnerabilidad de estos hogares es lenta y presenta retrocesos. Al seguir inscrito en una concepción minimalista de la política social en el marco de un Estado subsidiario, estos programas compensan déficits transitoriamente pero no generan procesos de integración duraderos ya sea por la vía del acceso. a empleos formales estables como a través de la generación de microemprendimientos sustentables para generar ingresos. Persisten no sólo carencias de ingresos sino también carencias de integración social y una vulnerabilidad a la pobreza que limita la participación plena en la sociedad y el ejercicio de derechos ciudadanos. Incluso, frente a ciertas crisis o eventos, muchos de estos hogares pueden experimentar un deterioro en tanto retorno a sus condiciones de vida anteriores al programa. Para salir de la pobreza no basta con garantizar condiciones mínimas ni sólo con transferir herramientas a la población pobre para que ellos mismos sean capaces de resolver su situación, especialmente cuando se pretende incidir en una población que presenta un alto nivel de vulnerabilidad social. Las transferencias económicas que perciben estas familias, originalmente concebidas como transitorias, se terminan convirtiendo en una fuente permanente de ingresos de los hogares para sobrellevar su vida cotidiana, no logrando constituirse como una vía para revertir desventajas sociales, generando dependencia a la ayuda estatal. Asimismo, las capacitaciones y herramientas transferidas, las habilidades desarrolladas, los microemprendimientos incipientes generados, terminan siendo tenues instrumentos para enfrentar las disparidades existentes en el mercado laboral al que intentan enfrentarse estos usuarios una vez que egresan de estos programas. A su vez, las desigualdades existentes, las segmentaciones educativas y segregaciones socioespaciales presentes en el contexto bloquean el aprovechamiento de las oportunidades que existen para acceder a mayor bienestar generando exclusiones sistemáticas y procesos de aislamiento social. Frente a este escenario, es imperioso fortalecer la protección pública desde una acción redistributiva que garantice y universalice derechos sociales así como mecanismos efectivos que permitan acceder a mayores oportunidades, a empleos de calidad, para así generar procesos de ciudadanía y promoción social para todos y de mayor cohesión social. Con las herramientas y apoyos entregados, son muy pocos los sujetos que logran atravesar las prácticas de segmentación y las barreras que están impuestas por el marco de desigualdad estructural existente, debilitándose los vínculos de ciertos sectores sociales con el mercado del trabajo. Para superar la pobreza es necesario analizar los límites existentes al ejercicio de la ciudadanía y los obstáculos impuestos por estructuras económico-sociales altamente inequitativas. Las políticas sociales en estas materias no pueden formularse desde una perspectiva meramente compensatoria o paliativa de los efectos nocivos de las desigualdades estructurales, que no considere la debilidad e inequidad de la estructura económica y social existente, la que es causante de la pobreza. La superación de la pobreza debe estar ligada al logro de niveles aceptables de integración social y por tanto, a mayor equidad de la estructura social. Las políticas que dicen luchar contra la pobreza no hacen más que reproducirla a niveles de mínimos legitimando una visión que considera que la condición de pobreza no es resultado de condiciones sociales adversas sino el resultado de limitaciones de los propios individuos, de tal forma que la responsabilidad estatal sólo es compensar los déficit que esta población presenta y a ese fin se dirigen los programas para pobres buscando transformar la subjetividad y modelar conductas de este núcleo poblacional. El objetivo entonces es gestionar la pobreza por medio de políticas focalizadas para los pobres para definirlos, clasificarlos y convertirlos en un sector social a administrar en tanto poblaciones vulnerables que pasan a ser tuteladas por dispositivos neoasistenciales que se adentran en los hogares y en la vida familiar. Se desvincula así la ciudadanía de los derechos sociales y del empleo, y se la asocia a un nivel mínimo de satisfacción, al consumo básico del hogar, cuya satisfacción no está garantizada dependiendo de la gestión individual y de las capacidades de la persona. Lo que antes era un derecho, en la actualidad se convirtió en un deber. Este nuevo arte de gobernar considera así a estas poblaciones en riesgo poseyendo atributos que los hacen vulnerables, por ende se promueve el acceso a ciertos mínimos y paquetes básicos que aseguren cierto nivel de vida mínimo mientras son funcionalizados en el consumo mediante el sobrendeudamiento, la precarización salarial y el encadenamiento productivo dada la terciarización laboral. Se mercantiliza la acción estatal al efectuar transferencias de tipo monetarias, acentuando e impulsando el consumo globalizado y haciendo compatibles política social y mercado. Esta acción pública focalizada en los más pobres y vulnerables, separada del universo de inserción al mercado laboral y de los derechos sociales, implica reducir la intervención social a una acción no redistributiva, compensatoria, selectiva, que gestiona de manera estratégica la pobreza para evitar que se vuelva un problema político. Al ser meros paliativos, estas políticas focalizadas no permiten revertir los procesos de precarización y exclusión social que generan amplias zonas de desprotección social en la población. Estas nuevas políticas sociales, en las que se incluyen los programas de transferencias monetarias condicionadas, se dirigen exclusivamente a reducir la pobreza y dotar de recursos mínimos a los pobres y vulnerables para que ellos mismos sean capaces de resolver su situación, pero se implementan al margen de la institucionalidad de la protección y los derechos sociales, no contribuyendo a procesos de generalización de igualdades y de creciente bienestar para todos. Este tipo de enfoque fragmenta aún más a sociedades profundamente desiguales, lo que genera diversos niveles de inclusión y exclusión de la protección social. De este modo, no se ponen en cuestión los mecanismos básicos que producen la pobreza, no se cuestiona ni se propone modificar las causas y los arreglos sociales persistentes que producen la desigualdad social y la exclusión social. La acción pública se aboca únicamente a resolver la precariedad y el sufrimiento de la experiencia vital de la pobreza. El Estado desarrolla políticas compensatorias, como la entrega de subsidios, que no alcanzan a equilibrar las situaciones de desigualdad que afectan a los usuarios ni a garantizar un bienestar generalizado, provocando una inclusión más bien compensatoria, limitada y estratificada en el acceso a prestaciones: se está incluido, pero de modo estratificado y estigmatizado, existiendo a la base una exclusión de acceso estructural así como relaciones de subordinación entre grupos sociales que restringen el ejercicio de ciudadanía