El debido proceso en el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias

Abstract

El presente trabajo examina el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, bajo los estándares del debido proceso legal, atendido que se han identificado una serie de problemáticas tales como: el emplazamiento al contribuyente, su derecho a la defensa con posterioridad al emplazamiento, la sanción a la inactividad por parte del ejecutante, entre otros. De este modo se aborda en primer lugar la ejecución, sus fundamentos y principios, finalizando el capítulo con una breve caracterización del juicio ejecutivo sobre obligaciones de dar regulado en el Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de aproximarse al objeto de estudio. Cabe hacer presente que en tal procedimiento la parte ejecutante es el Fisco de Chile representado por la Tesorería General de la República, por ende existen ciertos preceptos legales que otorgan primacía al interés fiscal sobre el particular, los cuales serán abordados en los respectivos capítulos. Posteriormente, se analiza el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias en sus fases administrativa y judicial a través de las instituciones del derecho procesal chileno, tales como: jurisdicción, competencia, pretensión, acción, emplazamiento, excepciones del demandado, inactividad de las partes, recursos, etc. Este examen busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿de quién emana el título ejecutivo?; ¿el juez puede no dar curso a la ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil?; ¿quién falla las excepciones opuestas por el demandado?, etc. La característica esencial de este procedimiento es su especialidad, el cual contiene normas excepcionales a las reglas generales, como por ejemplo en materia de constitución de patrocinio y poder, emplazamiento, embargo respecto a determinados impuestos, subasta de bienes raíces, publicidad de las actuaciones judiciales, etc. En último término, se analizan las bases del debido proceso legal, los elementos que lo componen y los estándares internacionales relativos a la materia, para efectos de examinar el procedimiento en estudio, a fin de establecer si se adecua a dichas máximas, garantizando adecuadamente los principios de igualdad, bilateralidad de la audiencia e imparcialidad para el contribuyente, entre otros.