Legitimación activa de la sanción de nulidad. El interés del tercero en la nulidad absoluta y relativa

Abstract

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a toda persona la posibilidad de ser escuchada, configurándolo como un principio que inspira a nuestra legislación. Lo podemos encontrar tanto en el derecho a prestar declaración del imputado, como en el derecho de petición que la Constitución otorga a todo ciudadano para realizar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado. A partir de las diferentes situaciones que nos puede presentar el derecho de petición y, en especial las solicitudes realizadas a una autoridad judicial, es que nos podemos dar cuenta de que determinadas pretensiones solo pueden ser ejercidas por ciertas personas, ya por que sean las únicas que tienen el derecho a pedirlas, o que la ley las faculte expresamente y excluya a los demás, o cualquier otra situación que impida a otros formularlas. A aquellos que se encuentran en la posibilidad jurídica de poder realizar una petición al tribunal con posibilidad de que sea admitida, decimos que tienen legitimación procesal. La legitimación procesal es un presupuesto básico para acceder a la tutela judicial, no debe ser entendida como un requisito para el ejercicio de la acción, sino para la admisibilidad de ella. Si la persona no se encuentra legitimada para ejercer la acción, de todas formas, podrá entablarla, pero la sentencia necesariamente debe rechazar la demanda, no porque haya sido mal deducida, sino porque la acción no le corresponde al demandante. El problema, que, si bien es propio del derecho procesal, no deja de producir efectos relevantes en las relaciones jurídicas privadas y en la resolución de sus eventuales conflictos. Particularmente en la institución de la nulidad como sanción - tanto absoluta como relativa-, la caracterización y los requisitos que debe cumplir el sujeto solicitante ha logrado cierta estabilidad y certeza en la doctrina. Sin embargo, como es sabido, la realidad es más rápida que el derecho, y los criterios utilizados por la Corte Suprema para solucionar estas contingencias han evolucionado, aun cuando en principio la literatura no ha otorgado nuevas soluciones. Problemas como la naturaleza patrimonial del interés, el nemo auditur1 , la situación de los herederos en la legitimación de la nulidad, entre otros, han abierto nuevas interpretaciones acerca de qué entendemos por nulidad, y cuál es su naturaleza jurídica, en especial, criterios que consideran los jueces para acoger las pretensiones anulatorias.