“Infraestructura pública resiliente al riesgo de desastres para un desarrollo sostenible de ciudades : Incorporación de la evaluación del riesgo de desastres en el ciclo de iniciativas de inversión pública de Chile”

Abstract

En diciembre 2015 se encomienda al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres incorporar la variable de riesgo de desastres en la evaluación social de proyectos de inversión pública para contribuir a la formulación de proyectos de infraestructura resilientes a catástrofes. Se convocó a una mesa de trabajo interinstitucional que involucró al sector público y privado, para identificar los determinantes del riesgo de desastres para las amenazas de incendios forestales, remoción en masa, erupciones volcánicas e inundación por tsunami, y los determinantes de vulnerabilidad y resiliencia, base para posteriormente desarrollar un modelo multicriterio para estimar el Índice de Riesgo de Desastres (IRD) a través de escalas, ponderadores y umbrales, dando la oportunidad de comparar información y determinar un nivel de riesgo asociado a un proyecto. La incorporación del riesgo de desastres en el proceso de inversión pública (evaluación social de proyectos) permite orientar esfuerzos para obtener ciudades resilientes y contribuir, de esta manera, al cumplimiento de los objetivos 2030 de desarrollo sostenible en Chile. Este documento tiene por propósito documentar el proceso de desarrollo de la metodología complementaria de evaluación de riego de desatres de infraestructura pública, donde se incorporó el análisis complementario de la variable de riesgo de desastres, a través del IRD, como un criterio complementario a la evaluación social de proyectos de inversión que ingresan al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de Chile. Esta experiencia, constituye un aprendizaje que puede ser replicado en otros países que cuenten con información limitada para efectuar modelos de simulación sofisticados y que tengan la necesidad de integrar el riesgo de desastres en el proceso de inversión pública.