Docencia universitaria formal y no formal en cárceles de Adultos: la situación de Chile en el contexto Latinoamericano

Abstract

La respuesta hegemónica al problema complejo del delito en Latinoamérica ha sido la cárcel. Así, en el año 2019, la región a pesar de poseer sólo el 9% de la población mundial, aporta con más del 15% del total encarcelado (UNESCO, 2020). Esta respuesta generó un aumento de la población penal en Latinoamérica del 144% entre los años 2000 y 2018 provocando hacinamiento, violencia y escasas posibilidades de reinserción social (Nuñovero, 2019 y Wacquant, 2015). Con un enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio, se identificaron los factores que facilitan o dificultan la vinculación docente entre las universidades y la cárcel. Para ello se realizó un análisis temático (Braun y Clarke, 2012) de la información obtenida en casos documentados que relatan las vinculaciones (proceso deductivo) junto con 13 entrevistas semiestructuradas a representantes universitarios, trabajadores del servicio penitenciario y organizaciones no gubernamentales (proceso inductivo). Con los temas que se obtienen al hacer el análisis de los casos documentados y las entrevistas, mediante la transcripción y codificación de estas, se elabora un benchmarking y un análisis FODA identificando buenas prácticas, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Por su parte, con el análisis de política pública de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil es posible identificar los esfuerzos realizados por las instituciones públicas y los actores privados para promover y sostener las vinculaciones educativas. Los resultados del análisis permiten identificar los siguientes aspectos claves: recursos y actores que convoca la universidad para respaldar las vinculaciones; gestiones que realiza la universidad con los niveles administrativos del servicio penitenciario; adaptación de los procesos burocráticos para facilitar el ingreso, permanencia y egreso de las personas privadas de libertad; limitantes técnicas, territoriales, políticas y culturales que dificultan el desarrollo amplio de las actividades; escasa preocupación que genera la cárcel para las universidades y; efectos positivos que se generan, fruto de la vinculación, para las personas privadas de libertad y para la comunidad universitaria. En las conclusiones, se destaca la necesidad de identificar la demanda por espacios de educación superior en las cárceles para que las universidades tomen acciones concretas e instalen estos esfuerzos dentro de sus organigramas. También, se relevan los beneficios creados a partir de estas experiencias tanto para la población penal como en la formación integral de quienes circulan por los espacios universitarios. De manera adicional, y atendiendo al contexto, se plantean recomendaciones para Chile donde se incluye la posibilidad de avanzar en vinculaciones a distancia con lo cual se sortean las dificultades de traslado e ingreso a los recintos penales.