El tribunal de defensa de la libre competencia como un contencioso-administrativo

Abstract

Al lego le puede parecer extraño el tema de la presente investigación. No se concibe al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, TDLC o el Tribunal) como un tribunal que tenga la función de controlar al poder estatal, un contencioso-administrativo. Al contrario, se le considera normalmente como un tribunal que reprime el abuso de los monopolios privados y la colusión empresarial. Es decir, conflictos entre privados con posiciones económicas asimétricas que perjudican a los consumidores. Pero un conocedor de su práctica expondrá que dicho Tribunal suspendió las licitaciones públicas del servicio de transporte “Transantiago” y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. También podrá mencionar su intervención en el diseño de las licitaciones de servicios de telecomunicaciones “3G” y “5G”, o en las compras públicas de medicamentos. E, incluso, citará una sentencia condenatoria del Servicio de Registro Civil e Identificación. Y así, con decenas de decisiones –no sólo vinculadas a licitaciones públicas– el lector detectará una práctica que le lleve a considerar si el Tribunal, además de tener un rol de control del poder económico privado, un rol de control del poder público. En otras palabras, un control judicial de la intervención estatal en la economía por medio del Derecho de la Competencia. Otro lector podría recordar que SILVA CIMMA identificó oportunamente que la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia era parte de un conjunto de reformas legales que creaban distintos tribunales contencioso-administrativos El docto echará mano a sus conocimientos y nos replicará que la justicia administrativa en Chile tiene muchas deficiencias. Nos dirá que es un déficit atávico de los textos constitucionales y que, con suerte, el recurso de protección ha cumplido esa función, pero de manera imperfecta. Más aún, afirmará que solo recientemente se han creado tribunales especiales que conocen la actividad administrativa, verdaderos tribunales boutique, en desmedro de un contencioso-administrativo general y pese a haber decenas de contenciosos administrativos especiales. También nos responderá que la omisión llevó a que una forma de solución de conflictos haya sido la Contraloría General de la República.