Derechos sociales constitucionalizados e instituciones

Abstract

Distintos países alrededor del mundo han llegado a proteger un número creciente de derechos sociales en sus constituciones. A pesar de esto, aún poco se sabe si la inclusión de estos derechos cambia el comportamiento en que los gobiernos entregan servicios sociales. Este trabajo tiene como objetivo identificar el efecto económico de los derechos sociales y analizar posibles efectos heterogéneos según distintos ambientes institucionales. En particular, se estudia el efecto de los derechos sociales (educación, salud, vivienda y seguridad social), tanto en el corto como el mediano-largo plazo, y en distintos ambientes institucionales -formas de gobierno y origen legal-, en el gasto público. Los resultados sugieren que los derechos sociales no tienen efectos de manera agregada. Tampoco cuando estos son legalmente exigibles en los tribunales. De manera desagregada, el derecho a la educación no tiene efectos (o incluso efectos negativos) sobre el gasto público en educación y en variables de resultados educacionales. Por el contrario, el derecho a la salud evidencia algún grado de efectos positivos en el gasto público en salud y en resultados de salud. Al explorar heterogeneidad, no se encuentra evidencia estadística de que los derechos sociales operen de forma distinta entre regímenes presidenciales que en regímenes parlamentarios. Por otro lado, el origen legal si parece ser un característica institucional relevante. Se encuentra que la adopción de derechos sociales judicializados en los países de common law está asociada a una disminución en el gasto de gobierno. Los derechos sociales judicializados en países de civil law parecieran no tener mayores efectos, pero si existe una diferencia significativa en cómo operan estos derechos entre estas dos tradiciones legales.