Crítica a la persecución penal del tráfico y comercio de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual

Abstract

La presente memoria asume la tarea de examinar la forma en que se persigue y sanciona actualmente en nuestro país el fenómeno delictivo del tráfico ilícito de mercancías piratas y falsificadas a través de nuestras fronteras. En específico, el análisis se centra en el estudio de las herramientas administrativas y penales con las que se ha buscado controlar el contrabando de mercancías de origen ilícito con miras a proteger los derechos de propiedad intelectual (protección en términos amplios); debiendo para este objeto abocarse al estudio de distintas fuentes doctrinarias tanto nacionales como comparadas, fuentes jurisprudenciales, y legislación nacional e internacional relativa a la materia. Para lo anterior, es fundamental la revisión acabada de los estándares que nuestro país ha asumido en relación al resguardo de los derechos de autor y los legítimos intereses de los titulares de marcas comerciales dada la radical importancia que reviste actualmente la defensa de un conjunto de bienes jurídicos asociados a la propiedad intelectual, tales como la ordenación del mercado, la recaudación fiscal, los incentivos al desarrollo intelectivo personal, la innovación y el derecho de propiedad. Así, teniendo en cuenta los estándares de guardia que rigen en la materia, podremos observar cómo el combate llevado adelante por la institucionalidad encargada de controlar, fiscalizar y sancionar la piratería ha perdido el foco, dando lugar a una sobrerreacción administrativa y penal a través de la aplicación de penas penales de tipo pecuniarias y personales por la comisión de delitos de contrabando, en conjunto con figuras delictivas de la Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Propiedad Industrial, e incluso con las figuras penales del comercio irregular y clandestino consagradas en el Código Tributario (en adelante CT), lo que se encuentra, de acuerdo a las fuentes estudiadas, a extramuros del marco normativo constituido por los principios que informan el derecho penal moderno. Finalmente, abordando la criminalidad en esta área de nuestro ordenamiento jurídico, se proponen una serie de medidas y cambios legislativos basados en modelos comparados que permitirían influir con mayores grados de eficiencia y eficacia la labor de la institucionalidad a cargo de guarnecer uno de los cimientos de crucial relevancia para la política económica nacional como lo es la protección de los derechos anteriormente referidos