Ley de aborto en tres causales : análisis normativo y crítico a la objeción de conciencia médica personal y de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas en Chile

Abstract

El 31 de enero de 2015, la presidenta de la República de Chile de la época, Michelle Bachelet Jeria, en su mensaje presidencial daba cuenta de la necesidad de legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y con ello garantizar ciertos derechos reproductivos. Luego de dos años de discusión parlamentaria, el 23 de septiembre de 2017 se promulgó la Ley N°21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que modificó el Código Sanitario y el Código Penal. La ley antes mencionada no sólo es fuente de apertura al aborto en tres causales al despenalizar su realización, sino que en nuestro orden jurídico también tiene relevancia porque reconoce expresamente dos tipos de objeciones de conciencia, aquellas que puede ser invocada por el personal de la salud y la que procede respecto de las personas jurídicas que prestan servicios sanitarios, llamada objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia, en sus diversas formas, ha sido foco de discusión desde la entrada en vigor de la Ley N°21.030. Primero, por la forma de incorporación de la objeción de conciencia institucional en la ley, la que no formaba parte de ésta, y fue impuesta por el Tribunal Constitucional con su fallo N°3729-2017, suponiendo una contravención a lo que como Estado democráticamente hemos establecido para el proceso legislativo. Y en segundo término, por los problemas de interpretación y de aplicación que se han presentado entorno a los procedimientos para invocar la objeción de conciencia personal como institucional. En la práctica y a cuatro años de su entrada en vigor, la objeción de conciencia ha sido un término de difícil definición y delimitación y con ello se ha dado paso a la creación de diferentes documentos normativos que han buscado establecer sus alcances prácticos, buscando con ello suplir los vacíos que respecto a este tema evidencia la Ley N°21.030

On January 31st, 2015, the President of the Republic of Chile during that period, Michelle Bachelet Jeria, in her “mensaje presidencial” realized the need to legislate about the voluntary termination of pregnancy, and thereby guarantee certain reproductive rights. Thus, after two years of parliamentary discussion, on September 23rd, 2017, the voluntary termination of pregnancy law Ner21.030 was enacted, modifying the “Código Sanitario” and the “Código Penal”. The previous mentioned law is not only the opening source for the abortion in three causes decriminalizing its application, but it is also relevant in our legal system because specifically recognize two types of conscientious objections, such as the one which can be invoked by the healthcare personnel, and the other one that proceed regarding the legal entities that provides health services, called institutional conscientious objection. The conscientious objection, in its multiple forms has been focus of discussion since the law N er21.030 has been in force. First for the form of incorporation of the institutional conscientious objection in the law, which wasn’t a part of it, and was imposed by the “Tribunal Constitucional” with its ruling N°3729-2017, assuming a contravention according to the legislative process that we have been stablished democratically as a State. Secondly, because of the interpretation and application problems that have been presented around the procedures to invoke the personal conscientious objection as institutional. In practice, after four years its entry into force, the conscientious objection has been a hard to define and delimit concept and with that has made way to the creation of different normative documentsthat have searched stablish its practical approaches seeking fill in the gaps that evidence the law N er21.030