Idoneidad de la aplicación en el derecho chileno de las figuras de autoría mediata y coautoría para fundar una responsabilidad a título de autor de los órganos superiores de las empresas que dictan órdenes antijurídicas a sus subalternos

Abstract

En las sociedades contemporáneas, la delincuencia empresarial ha adquirido gran relevancia político-criminal. A modo de ejemplo, en Chile han existido casos mediáticos de graves delitos cometidos en el seno de organizaciones empresariales, tras los cuales se ha cuestionado la idoneidad del Derecho penal para sancionarlos adecuadamente, tomando en consideración que las reglas de intervención delictivas se elaboraron bajo un paradigma del delincuente individual que planifica y realiza de propia mano los delitos. Así, esta memoria busca responder la pregunta de si es posible imputar a título de autores a los órganos directivos empresariales que dictan órdenes antijurídicas a sus subordinados para que ejecuten delitos dolosos de dominio, en particular si se les puede responsabilizar como autores mediatos o coautores en virtud de las reglas de autoría y participación en el Derecho chileno. Para responder la pregunta de investigación, se describirán en primer lugar los conceptos de autor y las teorías delimitadoras de la intervención punible que ha establecido la dogmática penal. Luego, se analizará el entendimiento doctrinario de las normas de intervención delictiva presentes en el Código Penal chileno. En tercer lugar, se revisarán las construcciones que se han elaborado a nivel comparado para castigar como autores mediatos y coautores a los directivos de las empresas. Por último, se intentará responder la pregunta mencionada, tomando en consideración que el análisis debe tener en cuenta que las reglas que regulan la autoría y participación en el artículo 15 del Código Penal son distintas y más limitadas que las hipótesis equivalentes a nivel comparado, por lo que el respeto al principio de tipicidad impide ir más allá de lo que permite el tenor literal de la disposición, aún si es que existen fuertes razones político-criminales para atribuir a los órganos directivos de las empresas la calidad de autores por delitos cometidos por sus empleados