Los delitos contra la seguridad interior del Estado en la ley 12.927 y en el derecho comparado

Abstract

La Ley de Seguridad del Estado (LSE) cobró inusitado protagonismo en el estallido social chileno ante su aplicación de forma insistente por parte del gobierno de Sebastián Piñera en contra de manifestantes. Lo que caracteriza a la LSE es un catálogo de delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Si bien la mayoría de los tipos penales tienen un correlato en la legislación común y especial, por presentar descripciones típicas similares, las penas en la LSE son sustancialmente mayores, por lo que podrían tener un fundamento diferente. Refuerza esta idea las facultades especiales que tienen las autoridades políticas para la persecución de estos delitos. Durante el régimen cívico-militar de Augusto Pinochet su utilización fue frecuente en contra de la disidencia política, junto con reforzarse su carácter autoritario con la creación de nuevos tipos penales y el aumento de las penas. En sus aspectos sustantivos se ha mantenido prácticamente inalterada en el periodo de transición democrática, salvo por la reforma sobre libertad de opinión. Para dar cuenta del concepto de seguridad del Estado y orden público en la LSE, estudiaremos como se regulan en la legislación nacional y en el derecho comparado los delitos contra la organización política del Estado, cuál es el delito más grave, si existen delitos de incitación y delitos contra el orden público que tengan un componente político. En los delitos identificados se analizará el bien jurídico protegido y los principales elementos de su estructura típica, para luego sintetizar los modelos y contrastarlos con los elementos de la LSE en los que identificamos un nudo problemático que nos hace pensar que el ámbito de protección es diferente al de los delitos contra la organización política del Estado