El principio de no autoincriminación y la persecución penal de delitos tributarios en base a fiscalizaciones administrativas del SII

Abstract

La Constitución resguarda el nemo tenetur se ipsum en su art. 19 n° 7 letra f: “Pese a que se resguarda el principio de no auto incriminación se encuentra resguardado en nuestro ordenamiento jurídico, junto con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, existe una problemática en materia tributaria, ya que no es tan claro si es que el contribuyente tiene el derecho a guardar silencio durante un proceso de fiscalización del SII, evitando que su declaración obtenida en sede administrativa sea usada posteriormente en su contra en sede penal, en caso de que el SII opte por ejercer la acción penal por la comisión de un delito tributario. Esta situación se genera porque es en esta etapa administrativa donde se suelen obtener por parte del SII, a raíz de una fiscalización, los distintos antecedentes y documentos auto incriminatorios de un contribuyente que se pueden usar como fundamento de una querella criminal o denuncia, y eventualmente una sentencia condenatoria . Además, la prueba que se haya recabado en sede administrativa por una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos debe ser excluida en la audiencia de preparación del juicio oral por ser prueba ilícita según lo que dispone el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil. En el presente trabajo se tratará la procedencia de las referidas garantías en el marco de los delitos tributarios, sosteniendo que sí proceden, pese a que la jurisprudencia administrativa y judicial de nuestro país ha fallado lo contrario