La multa en la contratación administrativa de bienes y servicios: cláusula penal o sanción administrativa. Una nueva perspectiva

Abstract

Los organismos de la Administración del Estado y las distintas instituciones y servicios públicos han sido creados por el ordenamiento jurídico con la finalidad principal de satisfacer necesidades de interés público, considerando desde la planificación de políticas públicas y gestión de recursos hasta el otorgamiento de prestaciones de diversa índole (servicios de salud, alimentación a escolares, seguridad, entre otros). El aparato estatal, sin embargo, es una organización de recursos humanos y financieros que no tiene la capacidad de generar por sí mismo la diversidad de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la función pública que se le encomienda y que la sociedad espera de éste, por lo que, en nuestro país, actualmente contamos con un sistema jurídico que regula la contratación de bienes y servicios a título oneroso por parte de los servicios públicos a aquellos particulares que participan en el mercado como proveedores, buscando la optimización de la gestión pública y materializando el principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución Política de la República vigente