El ilícito de colusión, tratamiento administrativo y penal, concordancias

Abstract

La legislación antimonopolios ha experimentado una evolución desde su origen en la Sherman Act, fuente directa del Decreto Ley 211 y que ha sido orientado a una institucionalidad robusta en cuanto a la prevención, persecución y sanción de injustos antimonopólicos. Particularmente cobra relevancia el trato que ha tenido la colusión en el derecho nacional, habida consideración de su tratamiento a finales del siglo pasado, su despenalización a principios del siglo presente y su re-penalización a mediados de la década pasada. Esto abre la interrogante a cuál es la configuración del injusto anticompetitivo de colusión, si existen diferencias sustantivas entre las reglas 3ª letra a) y el artículo 62, ambas del DL 211. Por otro lado, desde la perspectiva procesal surgen dudas acerca de la forma en que la institucionalidad fue concebida durante la tramitación de la ley 20.945 y como fue concretamente formulada en la reforma, dicho sea de paso, además de conferir nuevas atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, estableció un delito autónomo en opinión del legislador, pero supeditado a las directrices de un órgano administrativo especializado. Por estas razones nos parece relevante abordar el estado de la cuestión, comparar el sistema de persecución en sede libre competencia en contraste a la penal, conforme a los orígenes del derecho de la competencia, cómo esto incide en la infracción administrativa, la consagración del delito de colusión y determinar si es posible concordar ambas instituciones en lo que respecta al principio de non bis in idem, principio de secuencialidad, y valoración de la prueba en sede de libre competencia y penal