Aplicación de la figura de Asociaciones de Vivienda en las políticas de arriendo social en Chile

Abstract

Las políticas de vivienda promovidas desde el Estado a partir de la dictadura militar han descansado principalmente en la entrega de vivienda en propiedad, mediante la generación de subsidios a la demanda bajo el supuesto de que, aumentando la capacidad de pago de los hogares mediante un aporte público, éstos serán capaces de ingresar y competir en el mercado formal de vivienda. En ese sentido, el Estado ha adoptado un rol principalmente subsidiario, entregando un papel protagónico al sector privado en la provisión de soluciones habitacionales, en el marco de un mercado de suelo desregulado (Bogolasky, López & Mora, 2021) A pesar de su documentada efectividad en reducir el déficit habitacional, las políticas habitacionales de subsidio a la demanda tuvieron como consecuencia una proliferación de extensos conjuntos habitacionales en la periferia de las ciudades, los que se caracterizaban por contar con viviendas pequeñas, de baja calidad constructiva, en entornos sin completa urbanización, con escaso equipamiento y limitada conectividad con el resto de la ciudad, que con el tiempo, dieron origen a guetos, territorios segregados y estigmatizados marcados por la inseguridad, violencia y el abandono (Aravena, De Gregorio y Poduje, 2013) A partir de la década del 2000, se han creado diferentes instrumentos para intentar corregir los problemas asociados al stock habitacional existente, y otros se han introducido con el fin de prevenir la generación de nuevas situaciones de segregación socio residencial. Ejemplo de esto son los proyectos de integración social apoyados con el DS19 (Bogolasky, López & Mora, 2021). Sin embargo, no fue hasta el año 2013 que surge en Chile la primera política habitacional de arriendo, el comúnmente llamado Subsidio de Arriendo DS N°52, a pesar de ser una política ampliamente utilizada de forma complementaria a las políticas de tenencia en propiedad en gran cantidad de países desarrollados. Dicha política, que está destinada a dar una solución habitacional transitoria, a familias pertenecientes hasta el 70% más vulnerable de la población nacional, no ha tenido los resultados esperados, lo que queda reflejado por una tasa de activación de solo el 40% (MINVU, 2021). Tanto problemas en la demanda como en la oferta de arriendo impiden que el subsidio de arriendo cumpla con algunos de sus objetivos declarados, tales como incentivar la movilidad residencial hacia mejores barrios o aumentar la probabilidad de acceder a programas de vivienda en propiedad (Bresciani et al, 2021).