Regulación de los derechos de aprovechamiento de aguas

Abstract

El Código de Aguas de 1981 establece la separación de la propiedad del agua y la tierra, introduciendo el derecho de aprovechamiento de aguas (DAA) como un bien transable y facilitando las condiciones para el desarrollo de un “mercado de aguas” que pretendía entregar soluciones eficientes en la asignación del recurso. Junto con lo anterior, la falta de criterios de sustentabilidadi en la normativa, favoreció la concentración de los DAA entre los sectores económicamente más favorecidos, ya sea por el desarrollo de una actividad productiva (agricultura, minería, entre otros) a mayor escala y rentabilidad económica, o bien, al contar con los recursos económicos para la compra de DAA de otros propietarios; afectando a aquellos sectores más vulnerables y/o con bajos ingresos. Posteriormente, el aumento de la población y de la actividad productiva del país, ha generado un incremento en la demanda por agua que podría generar la escasez de la oferta de agua, especialmente en la zona norte del país. Adicionalmente, se suman los problemas de sequíaii y condiciones propias del cambio climático que han llevado a una situación en el que el recurso hídrico toma un papel central y donde la mejora en la eficiencia del uso del recurso, así como su distribución, toma preponderancia. Los últimos años, se ha vuelto común ver imágenes a diario en los medios de comunicación sobre las situaciones extremas de sequía y escasez hídrica, en las cuales se ve en riesgo la disponibilidad de agua, tales como el caso de la comuna de Petorca (Valparaíso) donde el cultivo de paltas compite fuertemente por el agua disponible para otras actividades productivas y, en especial, con el consumo humano, debiendo recurrir, este último, a camiones aljibes para su abastecimiento, afectando seriamente la calidad de vida de las personas y el derecho humano al aguaiii . Otro caso emblemático en la región es la comuna de Nogales, que en febrero de este año realizó el racionamiento del agua debido a la sequía que enfrenta la localidad. En materia de los DAA, se tiene un sobre-otorgamientoiv en varias cuencas del país, destacando la región del Maule, donde un 40% de las cuencas se encuentran en esta situación (BM, 2011), a esto se suma las declaraciones de agotamiento de aguas superficialesv realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA), que al 2016 ascendían a 11 declaraciones con un área de 76.131 km2, donde el 82% del área corresponde a la Macrozona Norte (DGA, 2016). Los antecedentes expuestos, justifican la necesidad de el establecimiento de un marco legal y de gestión del recurso que faculte a los organismos públicos para la administración de los DAA, asegurando el manejo sustentable, la equidad en el acceso al recurso e incorporando criterios de priorización como el consumo humano, el saneamiento, uso doméstico de subsistencia y protección del medio ambiente. Lo anterior, en orden de compatibilizar el mercado con las demandas sociales, garantizando el interés general, seguridad jurídica y disponibilidad del recurso hídrico que actualmente se ve amenazado. Frente a la problemática planteada anteriormente, este trabajo busca realizar un análisis desde el punto de vista de los DAA: ¿Cómo mejorar el sistema de gestión de aguas en Chile? Este documento analiza los cambios más relevantes en la nueva Ley Nº 21.435 (2022) de Reforma al Código de Aguasvi , junto con una revisión de la experiencia internacional para generar un análisis de la institucionalidad vigente y los desafíos que enfrenta, considerando el proceso de asignación del recurso, el marco institucional-regulatorio y los requerimientos del sistema/instituciones.