La colegiatura profesional como herramienta de control ético-disciplinario : la experiencia de la profesión legal

Abstract

Considerando la cantidad de juramentos tomados por la Corte Suprema de Justicia durante los últimos 12 años, se puede ver que han ingresado más de 40.000 abogados al mercado legal chileno. Ahora bien, contrastada esa cifra con la cantidad de abogados que en igual periodo se asoció al Colegio de Abogados de Chile1 , se ve que un poco más de una décima parte de los abogados que juraron durante el periodo 2010-2021, optó por la colegiatura profesional voluntariamente. La opción por la colegiatura, no es un hecho intrascendente desde el punto de vista disciplinario, toda vez que refleja la brecha de control disciplinario existente entre abogados colegiados y no colegiados. En efecto, la gran proporción de abogados que no se colegia, (87% de la muestra analizada en este trabajo) esquiva el control disciplinario “efectivo2 ”, por el simple hecho de no colegiarse y con ello, prácticamente priva a sus clientes de la posibilidad de reclamar frente a malas prácticas. La realidad de los abogados colegiados es totalmente diversa. Éstos, precisamente por el hecho de estar colegiados, enfrentan un sistema de control disciplinario efectivo, ante el cuál, clientes u otros operadores del sistema jurídico, pueden reclamar de las faltas de conducta profesional y conseguir eventualmente remedios, acuerdos e incluso sanciones de carácter infamante, frente a una infracción disciplinaria. En otras palabras, el abogado cuando se colegia, expone su ejercicio profesional -y su reputación- al escrutinio de un tercero, con efectos sobre su persona o su patrimonio, no así el abogado no colegiado. Pues bien, el Consejo General del Colegio de Abogados, advirtiendo las dificultades que provoca la brecha de control disciplinario para el bienestar del consumidor de servicios legales, tomó el acuerdo3 de instar a la Convención Constitucional, para que propusiera en su borrador de Constitución una nueva norma, que permitiera al legislador (re)establecer la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para el ejercicio de ciertas profesiones4 y así forzar un control disciplinario homogéneo.