Análisis de interpretación jurisprudencial de la causal de término del contrato de trabajo denominada "necesidades de la empresa": subordinación del principio de flexibilidad laboral al principio protector (selección de sentencias Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, período 2005-2023)

Abstract

La causal de despido denominada necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, regulada en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, se reintegró en el ordenamiento jurídico chileno mediante la ley N.º 19.010 de 1990 y a partir de ello ha sido objeto de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, debido a las imprecisiones que reviste la causal. La discusión en torno a esta norma se remonta al mensaje de la ley N.º 19.010, en donde se buscaba introducir esta causal al ordenamiento jurídico laboral, estableciendo una regulación que armonizara la flexibilidad que requieren las empresas para adaptarse a las condiciones de la economía con la necesidad de otorgar a los trabajadores condiciones adecuadas de protección y estabilidad en sus empleos. En relación con lo anterior, el objetivo de esta investigación consiste en dilucidar si existe una subordinación del principio de flexibilidad laboral al principio protector en la interpretación que realiza la jurisprudencia nacional de esta causal de término del contrato de trabajo. La hipótesis planteada genera un problema, ya que producto de la interpretación que se le ha dado a la norma por parte de la jurisprudencia, se ha desatendido la voluntad que tuvo el legislador al incorporar esta causal en el ordenamiento jurídico laboral, la cual, fue instaurada pensando en que sería una importante herramienta de flexibilización laboral dentro del sistema de terminación del contrato de trabajo. Creemos que es de suma importancia analizar el dilema planteado, debido a que, la interpretación de la causal realizada principalmente por la Corte Suprema, podría acarrear la pérdida de eficacia de la norma, toda vez que resultaría contraria a la intención que tuvo el legislador al introducirla al ordenamiento jurídico laboral, pudiendo ocasionar una pérdida de eficacia de la norma y la indefensión de los empleadores en casos calificados en donde se requiere la desvinculación de trabajadores por causas económicas u organizacionales