Autoobservación de las fallas para la Innovación. Investigación evaluativa sobre indicadores de gestión de las corporaciones de asistencia judicial desde el enfoque de derechos humanos

Abstract

En el actual contexto caracterizado por complejos y profundos cambios, es una tarea clave contribuir en la construcción de parámetros cada vez más sistémicos e integrales en la entrega de servicios, en este caso, en el acceso a la justicia. Para ello, se requiere en primer lugar observar los puntos ciegos que impiden esta visión integral y sistémica desde el control de la gestión, para luego plantear los principales desafíos. El estudio evaluativo de los Indicadores de Gestión, sobre cobertura de los servicios que otorga la Corporación de Asistencia Judicial (en adelante CAJ), devela tanto las fortalezas como los puntos ciegos del sistema de evaluación y control, teniendo como referencia tanto la misión institucional como el enfoque de derechos humanos en el acceso a la justicia establecidos en las normas y estándares internacionales. La relevancia del acceso a la justicia es el fundamento de un acceso al derecho, por tanto, es el derecho a tener derechos. Por otra parte, está en estrecha relación con el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso, por tanto, la base del Estado de derecho. Para insertarse en ese plano fue necesario realizar una observación de segundo orden, de un nexo entre la forma de ver y la función jurídica. De allí que el proyecto asuma una perspectiva funcional, según algunos de los postulados epistémicos y jurídicos de Luhmann (2007) El estudio evaluativo de los indicadores de gestión se sitúa previamente en el contexto de las reformas jurídico-judiciales que determinan y definen el rango de acción de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que han visto ampliada o restringida su labor, con la promesa incumplida de modernización y de constituirse en un servicio nacional, acorde con los estándares que se requieren para el cumplimiento del deber del Estado, de romper las barreras de acceso a la justicia en forma igualitaria, oportuna y eficiente a las personas vulnerables que no pueden proveérselas por sí mismas. Los principales hallazgos refieren a la valoración de la existencia de un sistema de evaluación de la gestión por hacer visible la labor de la CAJ y sus líneas de atención, junto con ser una información relevante para la toma de decisiones a nivel central; como la coordinación al interior de los equipos. No obstante, se plantea como un desafío el logro de una mayor consistencia y coherencia con un enfoque de derechos. El enfoque gerencial que ha caracterizado la política de incentivo (Fuenzalida, 2019) se manifiesta contraria a la función pública y la calidad de los servicios, por lo que las recomendaciones se centran en una revisión tanto del sentido que impone o inducen las actuales metas, como también la revisión de las fallas del sistema ante la carencia de diagnósticos de las barreras y diversos déficit (dotación, infraestructura, tecnología, estructura, cobertura, otro), para la entrega de servicios en forma oportuna, eficiente y de calidad, a la que está obligado el Estado para garantizar la igualdad ante la ley y el debido proceso.