Acceso a la justicia para personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar

Abstract

El acelerado proceso de envejecimiento en nuestra región y país conlleva desafíos multidimensionales a nivel nacional, entre los cuales destacan los de carácter jurídico y económico. A raíz de la pandemia del Covid-19 en 2020, se ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas mayores, tanto a nivel físico como emocional propio de la edad, que a su vez implica una mayor demanda de recursos públicos. El necesario aislamiento para contener la propagación de la enfermedad; a deteriorado tanto las funciones motoras como sociales de las personas mayores, lo que, en consecuencia, ha traído consigo sentimiento de soledad y depresión. Por otra parte, la rápida incorporación de la virtualidad a la cotidianidad, ha supuesto la forzada necesidad de adaptación por parte de las personas mayores, lo que también evidencia una brecha digital que aumenta la exclusión de este grupo etario (CEPAL, 2021). La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectó un aumento en los casos de maltrato a las personas mayores debido al aislamiento social impuesto durante la pandemia y a las barreras de acceso a los servicios de asistencia social. Datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) revelaron un alarmante aumento en las notificaciones de violencia intrafamiliar hacia las personas mayores en 2020 en comparación con 2019 (SENAMA, 2020). A pesar de ello, estas cifras probablemente subestimen la magnitud real del problema, debido a que, según Naciones Unidas (ONU), “solo se denuncia 1 de cada 24 casos de maltrato hacia la persona mayor por temor a perder sus redes de apoyo” (CEPAL, 2021). Esta subestimación puede estar relacionada con el costo oportunidad percibido por las personas mayores, quienes deben decidir entre denunciar el maltrato y mantener el acceso a sus redes de apoyo, quienes muchas veces son su único recurso.