Análisis del potencial reconocimiento normativo de la jurisdicción indígena en Chile, a la luz de la experiencia ecuatoriana

Abstract

Este trabajo de investigación nace a raíz del ciclo constituyente que tuvo lugar en Chile durante los años 2020 a 2023, luego del conocido ‘’Estallido Social’’ ocurrido a fines del año 2019. En dicho proceso, las demandas por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos cobraron una gran relevancia; no obstante, aún se encuentran pendientes y en búsqueda de resultados que se reflejen en el ámbito jurídico. Ante tal escenario, nace el interés por estudiar el fenómeno del pluralismo jurídico, particularmente su arista relacionada con el reconocimiento estatal de la jurisdicción indígena. Ello, bajo el entendido de que el pluralismo jurídico puede valorarse como una ‘’solución a la marginación que se ha realizado históricamente a todo tipo de práctica ancestral -incluyendo las referentes a la jurisdicción- que sea ajena a la cultura occidental’’1. Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú son algunos de los países latinoamericanos que han regulado expresamente, en mayor o menor medida, la jurisdicción indígena en sus textos constitucionales. Fuera de la región, encontramos que Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, entre otros países, admiten diversas modalidades de jurisdicción indígena. En Chile, por su parte, no ha sido posible superar la concepción estatista del Derecho y reconocer la capacidad que tienen las comunidades indígenas de resolver sus conflictos internos y mantener el respeto de sus propias reglas de comportamiento