Dinámicas del poder empresarial en la regulación del trabajo por plataformas: evidencias desde Chile

Abstract

La industria de las plataformas digitales ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel global, generando un intenso debate sobre la naturaleza de la relación laboral y la necesidad de regular el trabajo que se realiza a través de ellas. Este debate se centra en cómo clasificar y proteger a estos trabajadores, lo cual ha presentado un desafío para los marcos normativos tradicionales. Por esto, la presente investigación aborda la pregunta central de por qué en Chile se ha evitado establecer de manera clara la clasificación y protección de los trabajadores de plataformas digitales, que resultó en un marco de precariedad regulada. El objetivo de este trabajo es analizar cómo el despliegue del poder empresarial (estructural, instrumental, discursivo y asociativo) influyó decisivamente en el proceso regulatorio de las leyes 21.431 (laboral) y 21.553 (sobre el transporte de pasajeros). Para ello, se utiliza el marco del poder empresarial para entender la asimetría histórica entre las Empresas de Plataforma (EP) cohesionadas y el sindicalismo fragmentado. La metodología empleada fue el rastreo sistemático del proceso (process tracing), sustentada en la triangulación de 104 artículos de prensa, el análisis de la historia legislativa y 10 entrevistas semiestructuradas a actores clave. Los hallazgos principales demuestran que el marco normativo chileno fue moldeado por el ejercicio exitoso del poder empresarial. En la Ley 21.431, las EP utilizaron su poder instrumental y discursivo para neutralizar la moción original, forzando un modelo dual (trabajador dependiente/independiente) que elude la definición de laboralidad y traslada la carga de la prueba al trabajador. Paralelamente, en la Ley 21.553 (Ley EAT), las EP lograron bloquear la discusión sobre el establecimiento de tarifas mínimas, convenciendo al Estado de que la protección de la competitividad del mercado primaba sobre la protección laboral. Esta victoria se basó en la condición clave de la asimetría del poder asociativo: la capacidad de las EP para operar como un bloque cohesionado (a través de los gremios Alianza In y Achiplam) frente a la debilidad sindical, lo que les permitió moldear un marco legal que consolida la precariedad regulada y asegura su modelo de negocio.