Las clasificatorias de riesgo y el procedimiento administrativo sancionador, a partir de un análisis de las sentencias del caso La Polar

Abstract

El presente trabajo surge como resultado de un proyecto de memoria iniciado durante el curso de Taller de Memoria denominado “La Potestad Sancionatoria de las Superintendencias: Casos Prácticos de la SVS y SEC” y busca examinar el estatus de las Agencias Clasificadoras de Riesgo en nuestro país, junto con analizar el procedimiento administrativo sancionatorio desde la aplicación de los principios penales garantizados por la Constitución Política de la República, principalmente, el principio de tipicidad, el sistema de recursos para reclamar una sanción administrativa de la Comisión para el Mercado Financiero, hasta el contenido del control jurisdiccional. El trabajo se realizó mediante un análisis de las sentencias del caso La Polar, en atención a los cargos formulados por la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, a la agencia clasificadora de riesgo, Fitch Chile y sus correspondientes sanciones administrativas aplicadas durante el año 2012. Se plantea que las obligaciones que nacen de los contratos de clasificación de riesgo son de medios, pero con ciertas características especiales que exigen dar cuenta por medio de sus metodologías y/o reglas generalmente aceptadas en la materia de la justificación y documentación que respalde tanto procedimiento que desarrollan, como del resultado final y sus conclusiones. No obstante, se advierte que tales obligaciones no son suficiente para imputar a Fitch la infracción de un deber de verificación de consistencia de la información, pues, no existe una norma con la tipicidad mínima que requiere una sanción administrativa. La Excelentísima Corte Suprema no lo entendió así y ratificando la sanción a Fitch estimó que toda conducta alejada del estándar de conducta exigido es una infracción sancionable. Sostenemos que el razonamiento de los tribunales respecto del reproche imputado a Fitch no cumple con el principio de tipicidad establecido en el artículo 19 N°3 de nuestra Constitución, generándose una inconsistencia que está marcando la pauta en el derecho administrativo sancionatorio, esta es, la aplicación de una teoría unitaria del ius puniendi estatal que conlleva la aplicación de los principios garantistas penales y la cada vez más intensificada, teoría de los matices, aplicada para justificar los actos de la potestad ñsancionatoria de la Administración, al punto de liquidar garantías constitucionales