Análisis de la aplicación del principio de la confianza legítima en la renovación de los funcionarios a contrata de la administración del Estado

Abstract

Hoy en día, los funcionarios públicos “a contrata” tienen un rol preponderante en el ejercicio de la Función Pública, por lo que es menester tener claridad sobre su situación normativa. Es ello que este trabajo se centra en un análisis crítico de la nueva jurisprudencia emitida por la Contraloría General de la República, la cual aplica el Principio de la Confianza Legítima en su renovación de funciones, estableciendo que, si un funcionario a contrata ha tenido al menos dos renovaciones ininterrumpidas y en los mismos términos durante un periodo mínimo de dos años, se entenderá que se ha generado una legítima confianza en la renovación de sus funciones. Por consiguiente, al aplicar el Principio, se impone a la Administración el deber de fundamentar el acto administrativo que no renueva su vinculación o derechamente renovar las funciones del trabajador. Así las cosas, esta aplicación va a tener dos aristas que resaltan: por un lado, las dificultades dogmáticas que desde la disciplina del derecho administrativo pueda tener; y por otro, la existencia de una supuesta estabilidad laboral que se le otorga a esta categoría de funcionarios públicos, con todas las vicisitudes legales que ello implica. Es por esto que estudiando las distintas formas que ha adoptado la aplicación del Principio de la Confianza Legítima desde su aparición en el ordenamiento jurídico chileno junto con una revisión a la normativa de los funcionarios, necesariamente se concluye en este caso colisionan distintos aspectos que han dejado obsoleta la actual regulación de los funcionarios del Estado, porque por un lado los derechos fundamentales de índole laboral de los trabajadores públicos, la cual debe ser respetada por la necesidad de actuación del Estado, pero que sin embargo no puede verse limitado en el ejercicio de la Función Pública.