Recepción jurisprudencial del cambio legislativo introducido al proceso de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental

Abstract

La presente investigación tiene por objeto realizar un estudio descriptivo de la recepción en la jurisprudencia nacional que tuvo el cambio legislativo introducido por la Ley Nº20.417 y la Ley Nº20.600 en la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en particular, respecto al proceso de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, analizando las posibilidades concretas de incidir en la evaluación ambiental de los proyectos y de las actividades que se someten a dicho sistema. El estudio comenzará por analizar las diferencias normativas entre la antigua y la nueva Ley Nº19.300, entendiéndose por aquélla la que se encontraba vigente antes de la promulgación de la Ley Nº20.417 que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y la Ley Nº20.600 que creó los Tribunales Ambientales, analizando las causas de una imperante necesidad de reformar la orgánica que existía en ese entonces en la legislación ambiental. La segunda parte de la investigación consistirá en un estudio en concreto de los efectos de la reforma a la participación ciudadana que se vieron reflejados en los razonamientos de los tribunales nacionales, estudio que se realizará a partir de un análisis de jurisprudencia dictada en específico por las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y los Tribunales Ambientales, todos los cuales fueron los encomendados a fallar los conflictos que podían surgir de la vulneración o del ejercicio mismo del derecho a la participación ciudadana. A partir de dicho análisis jurisprudencial, se deberá concluir si las reformas introducidas mediante la Ley N°20.417 y la Ley Nº20.600 transformaron o no positivamente nuestro principal mecanismo de participación en la materia. Este trabajo terminará por argumentar que, a pesar de las reformas a la institucionalidad ambiental llevadas a cabo por el legislador, específicamente aquéllas introducidas a la institución de la participación ciudadana, ésta continúa resultando insuficiente como una vía concreta de acción para incidir en la evaluación de los proyectos que deben someterse a evaluación ambiental