El crimen organizado en Chile (2008 y 2023)

Abstract

Desde la década de 1980, Sudamérica ha experimentado un incremento en la actividad del crimen organizado, evidenciado por la irrupción de cárteles de drogas en países como Bolivia, Perú y Colombia. Este fenómeno ha dado lugar a la implementación de políticas conocidas como la "guerra contra las drogas", respaldadas por Estados Unidos, con el objetivo de combatir el crimen organizado que opera como un fenómeno transnacional. Las organizaciones criminales comenzaron sus actividades en ciertos países y, posteriormente, se expandieron a otros. En contraste, Chile no enfrentaba problemas asociados al crimen organizado. Desde el retorno a la democracia en 1990, el país logró una consolidación significativa de sus instituciones democráticas y una progresiva apertura económica a través de la negociación de diversos acuerdos comerciales. Estos acuerdos se concretaron en tratados de libre comercio y reducciones arancelarias, lo que resultó en un notable crecimiento económico y una estabilidad institucional que le permitió sobresalir en comparación con otros países de la región. No obstante, Chile ha comenzado a enfrentar problemas relacionados con la seguridad pública (Diario Financiero, 2023), derivados del incremento de bandas de crimen organizado que han utilizado al país como un punto de tránsito, convirtiéndolo en un lugar clave para el transporte de drogas a nivel portuario. La Organización de Naciones Unidas ha catalogado el puerto de San Antonio como el principal puerto para el traslado de sustancias ilegales (Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2023). Esta situación ha cobrado relevancia en la agenda de seguridad pública, especialmente ante la diversificación de los tipos delictivos y el violento actuar de grupos criminales, cuyas prácticas operativas difieren notablemente de la delincuencia de épocas anteriores. Muchos de estos delitos no estaban tipificados en el código penal ni en la legislación nacional hasta su posterior reconocimiento y sanción penal

Since the 1980s, South America has witnessed a significant increase in organized crime activity, marked by the emergence of drug cartels in countries such as Peru, Bolivia, and Colombia. This phenomenon prompted the implementation of the "War on Drugs" policy, supported by the United States, aimed at combating organized crime, which had begun as a national issue but rapidly evolved into a transnational concern due to the expansion of criminal organizations from specific countries into others. During this period, Chile did not experience the same challenges associated with organized crime. Following its return to democracy in 1990, Chile achieved notable consolidation of its democratic institutions and a progressive economic opening through the negotiation of trade agreements. These agreements resulted in various free trade deals and reduced tariffs, leading to substantial economic growth and institutional stability, which distinguished Chile from its regional counterparts. However, Chile began to encounter public security issues in recent years, primarily due to the rise of organized crime gangs that began to use the country as a transit point for drug trafficking. The United Nations Office on Drugs and Crime has identified San Antonio's port as a key global hub for drug transfer (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Public security has increasingly dominated public discourse, particularly in light of the diversification of crime and the violent actions of criminal organizations that employ methods distinct from those of traditional crime. Many of these activities were not classified as criminal under national legislation and the penal code until the recent enactment of new laws that addressed these emerging threats.