Principio de finalidad en el tratamiento de los datos personales en Chile

Abstract

La presente tesis desarrolla el principio de finalidad en la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal o Protección a la Vida Privada, iniciando su análisis bajo la exposición de la problemática en la desviación de los fines en el tratamiento de los datos personales una vez agotado o no su propósito inicial, para lo cual se definió un marco teórico y conceptual, se respondió la pregunta del ¿porqué registrar un dato, acto, hecho o conducta?, y, se consultó el espíritu de la ley contenido en la historia fidedigna de su establecimiento. Posteriormente, se aborda el Principio de Finalidad contenido en la Ley N° 19.628 y en el derecho comparado, se realiza el ejercicio de las afectaciones de éste en relación a los otros principios y como se entiende su coherencia interna; realizándose, posteriormente, el análisis de dicho principio frente a las fuentes accesibles a público.

Ante la problemática planteada y el desarrollo del Principio de Finalidad, se analiza si las necesidades de modificar la Ley N° 19.628 a la luz de los proyectos de ley en actual tramitación, sean éstos iniciativas Parlamentarias, del Ministerio de Hacienda y/o del Poder Ejecutivo, incluyen al Principio de Finalidad o lo citan como fundamento del mismos proyectos; evidenciándose que éstos paupérrima y timoratamente soslayan ahondar en él, tomando lamentable distancia. Aquello conlleva el análisis necesario de los problemas de satisfacción del principio de finalidad en los proyectos de ley, abordando qué es lo que realmente se debe corregir en la Ley y la situación de las personas jurídicas en dicho contexto.

Finalmente se concluye que el Principio de Finalidad es el máxime de los principios en los tratamientos de los datos personales y podrá percibirse como la necesidad (porqué? y para qué?) de que cada vez que se tenga que evaluar un posible riesgo en la protección de los datos personales, se deberá comprobar que la finalidad del tratamiento cumple las premisas de ser determinado, explícito y legítimo, y que sea adecuado, pertinente y no excesivo en razón de la Constitución y las leyes, ya que dicho tratamiento jamás deberá afectar los derechos de las personas naturales en su esencia.