| Abstract | dc.description.abstract | La inmunidad estatal consiste en la exención de la aplicación del derecho a una determinada categoría de personas, de modo de impedir que los tribunales ejerzan su competencia sobre aquellas que en virtud de su cargo están protegidas por la inmunidad, y de prohibir, asimismo, cualquier medida ejecutoria contra el Estado. El problema de la inmunidad es una cuestión que se presenta sólo a nivel de cortes nacionales y que se fundamenta en la soberanía estatal, especialmente en la máxima par in parem non habet imperium, en virtud de la cual, entre Estados (es decir, entre iguales) no hay imperio.
La inmunidad es una norma de derecho consuetudinario internacional que inicialmente estuvo formulada en términos absolutos, de modo de que no había modo de demandar a un Estado ante las cortes de otro Estado. Sin embargo, con la entrada de éstos al ámbito comercial, esta situación comenzó a cambiar, estableciéndose ciertas limitaciones a ella en materia civil, las que en su mayoría tenían relación con la mercantibilidad del acto ejecutado. Sin embargo, la especificación clara de estas excepciones ha sido una tarea infructuosa hasta el momento, puesto que no se ha logrado determinar con claridad los criterios que permitan distinguir entre actividades inmunes y no inmunes.
Por su parte, en materia penal el camino hacia una teoría restringida de la inmunidad ha sido más arduo, de modo que ni siquiera es posible afirmar que existan excepciones a la inmunidad por procedimientos penales, dado que la doctrina se encuentra muy dividida a este respecto y puesto que los fallos de los tribunales han sido muy contradictorios. Sin embargo, en algunos casos, especialmente en la sentencia del caso Pinochet ante la House of Lords, se han esbozado interesantes argumentos en orden a levantar la inmunidad por graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, los que a su vez también han sido defendido por algunos autores | |
