| Abstract | dc.description.abstract | Este trabajo trata el control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por la ley a la Administración del Estado, analizando para estos efectos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se explica que el control judicial de la actividad de la Administración, especialmente del ejercicio de potestades públicas, demuestra que existen diversas normas jurídicas que tienen como destinatario a la Administración y que es en este contexto donde se habla de “discrecionalidad administrativa”, término usado para describir un fenómeno bien preciso: la habilitación legal que otorga un margen de decisión a la Administración derivado de una programación normativa incompleta.
En este sentido, la creación de Tribunales Ambientales en nuestro país se inserta en una discusión más amplia: el debate respecto a la intensificación del control judicial del ejercicio de potestades discrecionales, término que originalmente surge como un concepto delimitador de ámbitos competenciales entre la Administración y los jueces. Por ello, la pretendida tecnificación de las decisiones en materia ambiental no es idónea para tratar este fenómeno, sino que requiere un enfoque jurídico.
Dicho enfoque se construye en base a dos elementos: en primer término se desarrolla una concepción del imperio de la ley donde el control judicial de la actividad de la Administración es esencial. En base a ello se sostiene que la atribución de potestades discrecionales en ningún caso otorga una “libertad” de acción a la Administración, sino que eleva el estándar de motivación de sus actos. Y, en segundo lugar, se sostiene que la certeza, como fundamento del control del poder público, impide dejar áreas exentas de control, de manera que los límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa sólo dicen relación con su resultado, esto es, un control negativo. | es_CL |
