| Abstract | dc.description.abstract | Durante los más de cien años de políticas de vivienda social en Chile, se han efectuado numerosos estudios con la finalidad de evaluar el impacto de los programas habitacionales en la calidad de vida de las personas. Hoy, gracias a los censos de población, podemos medir con mayor precisión el déficit habitacional y constatar en que condiciones viven los habitantes de nuestro país.
En general, la mayoría de las investigaciones en materia de vivienda social son estudios basados en resultados: buscan evaluar los efectos de la implementación de una política en el problema atacado. Se centran, más que nada, en el nivel de efectividad del plan en relación con la finalidad tenida a la vista; reducir el déficit habitacional, combatir el allegamiento, la higienización, mejorar la calidad de la vivienda, la satisfacción de los destinatarios, la carencia de equipamiento, entre otras.
No obstante la innegable importancia de dichos estudios, menores han sido los esfuerzos encaminados a analizar las políticas de vivienda social desde la perspectiva de las obligaciones que tiene el Estado.
De acuerdo al paradigma actual, los Estados tienen la obligación de fomentar el desarrollo económico, social y cultural del ser humano. En tal sentido, deben sancionar políticas y marcos institucionales adecuados para permitir el establecimiento de condiciones sociales mínimas que permitan a las personas desarrollarse y vivir en dignidad. | es_CL |
