| Abstract | dc.description.abstract | Crecimiento con empleo. No es difícil recordar alguno que otro discurso utilizando esta expresión, ya sea para aludir a una promesa de campaña electoral o, para dar a conocer orgullosamente una gestión macroeconómica positiva. La idea de un escenario económico y laboral próspero ha dejado de ser un mero slogan político para situarse como una de las demandas sociales más fuertes de una ciudadanía ávida por alcanzar un mayor bienestar general. Es impensable concebir en la actualidad una agenda gubernamental sin que ésta, por un lado, promueva un crecimiento económico sostenido y, por otro, se avoque a la consecución del siempre anhelado “índice de pleno empleo”.
Pero más allá de la yuxtaposición de dos exitosos índices económicos, la frase busca poner en evidencia una meta mucho más compleja. Porque cuando hablamos de crecimiento con empleo se quiere apuntar a una idea de homogeneidad; una homogeneidad respecto de la distribución de los beneficios recibidos por la sociedad como consecuencia de la buena gestión política de sus representantes. El crecimiento económico de un país trae consigo réditos de variada índole, pero éstos se verían seriamente cuestionados si sólo unos poco los acaparasen. El dato complementario de una baja tasa de desempleo al menos indica una tendencia a la transversalidad de dichos beneficios, esto es, el crecimiento económico experimentado permite a los ciudadanos acceder a oportunidades que en definitiva se orientarán a mejorar su calidad de vida. Lo que se busca no es otra cosa que un crecimiento integrador: una economía con un alto nivel de empleo que favorezca la cohesión económica, social y territorial de una sociedad determinada.
Se trata a todas luces de un desafío no menor, más aún considerando las continuas transformaciones que exhiben los mercados de trabajo; la apertura de las economías nacionales y la progresiva incorporación de nuevas tecnologías han requerido de las autoridades una nueva capacidad para prever y gestionar los cambios. Y en materia laboral la fórmula es unívoca: es imprescindible una enérgica inversión en las cualificaciones y la formación profesional de la población. En un contexto donde la competitividad y la innovación se transforman en pilares centrales del mundo del trabajo, la idoneidad de las opciones de formación profesional cobra una importancia trascendental para efectos de entregar una alta empleabilidad a los trabajadores.
La capacitación laboral –entendida en su sentido más amplio– estuvo vinculada en sus comienzos a unidades productivas muy pequeñas, de naturaleza familiar, en las que se utilizaban metodologías de capacitación basadas en “aprender haciendo”. Evidentemente, la realidad contemporánea dista mucho de aquello; desde mediados del siglo XVIII cuando comienzan las primeras alteraciones laborales producto de la Revolución Industrial, pasando por dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, hasta llegar a la caída del bloque soviético, hemos percibido un sinfín de cambios que han tenido como consecuencia la llegada de un escenario económico y laboral único: globalizado, fuertemente competitivo y altamente tecnologizado.
La propuesta doctrinaria conocida como enfoque de formación basado en competencias laborales surge en Europa en la década de los ochenta como una respuesta metodológica que propone pasar de un sistema de capacitación regido por la oferta a uno que refleje las necesidades del mercado laboral y responda a ellas, esto es, basado en la demanda. Y dado que dicho mercado es esencialmente innovador, también debe serlo el sistema de formación profesional.
Desde fines de los noventa, Chile ha comenzado a implementar una serie de reformas que apuntan en este sentido. La mayoría se ha centrado en la figura de la Capacitación Laboral, y destaca el rol activo que toma el Estado a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y del Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP).
No obstante aquello, el proceso no ha sido perfecto –lejos de estarlo– y queda aún mucho camino por recorrer. Las figuras formativas del Contrato de Aprendizaje y Práctica Profesional, dos instituciones que históricamente han sido muy relevantes en esta materia, hoy en día pareciera ser que han quedado relegadas. La primera tiene un anémico uso corporativo en la práctica, y la segunda –a diferencia de lo que sucede en derecho comparado– no ha sido regulada en estatuto alguno.
Este trabajo no sólo se propone hacer una narración descriptiva de la realidad chilena respecto de las tres figuras formativas aludidas, sino que además busca contribuir a la identificación de deficiencias del sistema desde una perspectiva analítica y constructiva, de modo de aspirar a proponer bases para una mejor normativa. | es_CL |
